La Policía Nacional ejecutó este miércoles cuatro allanamientos contra una presunta organización colombiana denunciada por el delito de usura mediante préstamos no bancarios bajo la modalidad conocida como “gota a gota” en San Pedro Sula, Cortés.
Las operaciones se desarrollaron en el marco de la operación Escudo Honduras, con el acompañamiento de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), equipos de Migración y unidades multidisciplinarias de la Policía Nacional.
El comisionado Eduardo Lanza, jefe policial de la zona norte, informó en Hoy Mismo de TSi que durante los operativos capturaron a 16 personas, de las cuales 14 serían de nacionalidad colombiana y dos hondureñas.
“Son operaciones policiales en el contexto de la operación Escudo Honduras, donde estamos desarrollando cuatro allanamientos con el acompañamiento de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Migración y equipos multidisciplinarios de la Policía Nacional de Honduras”, explicó Lanza.
Autoridades decomisan dinero, vehículos y armas durante operativo
El jefe policial detalló que entre los hallazgos realizados durante los allanamientos figuran vehículos de dos y cuatro ruedas, dinero en efectivo y armas de fuego, elementos que serán analizados por los equipos especializados.

“Esto con la intención de contrarrestar este tema que se conoce comúnmente en las calles como el ‘gota a gota’. En este momento se están procesando 16 personas que se han encontrado en la escena de los cuatro allanamientos con orden judicial”, señaló.
Lanza explicó que los peritos trabajan junto al juez ejecutor para recopilar indicios que permitan fortalecer la investigación y establecer las posibles responsabilidades de los involucrados.
Investigación busca determinar origen de fondos y posibles delitos
El comisionado recordó que una investigación por lavado de activos requiere identificar un delito precedente, por lo que las autoridades desarrollan procesos paralelos para determinar si existen otras actividades ilícitas relacionadas.
“Para que se investigue el lavado de activos debe de haber un delito precedente. Lo que se hace en este tipo de operaciones es que se generan las dos investigaciones a la par”, indicó.
Es decir, se les acusa por los delitos más evidentes, en este caso por denuncias de usura, mientras se hace la indagación profunda para ver si se confirma el lavado de activos. En vista que el lavado requiere un delito precedente, para que haya un requerimiento por esto es necesario demostrar que los fondos vienen de una actividad ilícita.
¿En qué consiste el sistema de préstamos "gota a gota"
El préstamo gota a gota es un mecanismo informal e ilegal de financiamiento rápido que opera en varios países de América Latina, completamente al margen del sistema bancario tradicional.
Según información policial, la estructura intervenida hoy estaría relacionada con préstamos no bancarios con altos intereses, una práctica que afecta a comerciantes y ciudadanos en distintos municipios del Valle de Sula, incluyendo San Pedro Sula y zonas cercanas como El Progreso.

Este modelo se caracteriza por ofrecer dinero en efectivo de forma prácticamente inmediata, sin exigir historial crediticio, comprobantes de ingresos ni fiadores, lo que atrae principalmente a pequeños comerciantes, vendedores ambulantes y personas en situaciones de vulnerabilidad económica.
El nombre gota a gota proviene de la dinámica de cobro, la cual exige la devolución del dinero mediante cuotas diarias y fijas. Detrás de esta aparente facilidad se ocultan tasas de interés usurarias que oscilan frecuentemente entre el 20 y el 50 por ciento mensual.
Al pagar diariamente, una parte sustancial de cada cuota se destina a cubrir únicamente los intereses generados, por lo que el capital prestado apenas disminuye y el deudor queda atrapado en una espiral de endeudamiento continuo.La operativa de este sistema no se rige por contratos ni instancias judiciales, sino por la coerción directa.
Es de aclarar que esta descripción corresponde teóricamente al sistema "gota a gota" que funciona en varios países. Las investigaciones policiales determinarán si la estructura intervenida operaba de esta manera.
La Policía Nacional trasladará los informes investigativos a la Fiscalía contra el Crimen Organizado, que determinará las acciones legales posteriores contra las personas requeridas y el destino de los bienes decomisados.
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