El abogado Dagoberto Aspra, representante legal de Romeo Vásquez Velásquez y de los generales retirados Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto, expuso que los acusados podrían regresar a prisión si el tribunal de alzada revoca la medida de arresto domiciliario otorgada el pasado 12 de enero.

Lo anterior, tras el anuncio del Ministerio Público de que apelará la decisión del juez, que dictó auto de formal procesamiento con arresto domiciliario para los tres oficiales señalados por la muerte de Isy Obed Murillo y las lesiones sufridas por Alex Zavala durante los disturbios del 5 de julio de 2009.

No obstante, el abogado también indicó que analiza presentar un recurso de apelación en favor de sus clientes, con el fin de asegurar que se respeten sus derechos durante el proceso judicial.

Pruebas del Ministerio Público

El Ministerio Público afirmó que cuenta con suficientes pruebas que vinculan a los acusados. Entre estas evidencias destacan los informes balísticos y el levantamiento realizado en el lugar del hecho, donde se recolectaron más de 160 casquillos de fusiles oficiales utilizados por las Fuerzas Armadas de Honduras.

Además, se presentaron documentos firmados por el entonces ministro de Defensa que confirman que los militares recibieron órdenes de disparar.

Estrategia sólida

Aspra destacó que el equipo de defensa presentó una estrategia sólida que impidió la recalificación de los delitos de homicidio y lesiones a asesinato, lo que permitió una medida menos gravosa.

“La resolución incluye restricciones como no salir del país y estar bajo vigilancia, resultado de un arduo trabajo legal que logró mantener los delitos originales”, explicó el apoderado.

Tras la resolución judicial, Romeo Vásquez Velásquez expresó su alivio al dejar el centro penitenciario de Támara, donde estuvo recluido.

“Ya estoy en casa y próximamente daré declaraciones”, declaró Vásquez al abandonar el sitio de detención.

Contexto caso Isy Murillo

El caso de Isy Obed Murillo, ocurrido en el contexto del golpe de Estado de 2009, sigue generando atención y polarización en Honduras, mientras el sistema judicial enfrenta el desafío de garantizar justicia en medio de la presión pública y los recursos legales presentados.