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Juan Carlos Aguilar, director del área de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), advirtió sobre la fragilidad institucional en Honduras. 



Esta declaración se produce tras el anuncio del gobierno de Estados Unidos sobre la devolución de un millón de dólares incautados a corruptos involucrados en el desfalco millonario al Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS).



Aguilar subrayó la necesidad imperiosa de fortalecer el sector justicia en Honduras, ya que la investigación local no logró identificar a los autores intelectuales de este acto de corrupción. Por este caso, el exdirector y el exgerente administrativo de IHSS, Mario Zelaya y José Ramón Bertetti, respectivamente, entre otros, cumplen condena.



“Siguen en la impunidad muchos personajes que tomaron parte en el gran caso de corrupción en perjuicio del IHSS”, afirmó Aguilar en Diario Matutino de HRN. 



Además, señaló que una Ley de Colaboración Eficaz permitiría identificar a los autores intelectuales y llevar los casos de corrupción a judicialización.



La aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz es uno de los requisitos de las Naciones Unidas en el memorando de entendimiento para el establecimiento de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).



“Lejos de satanizar el acompañamiento internacional, hay que apoyar la apertura a los países que brindan su apoyo en el esclarecimiento de los casos de corrupción como el del Seguro Social”, destacó Aguilar.



<h2>Acuerdo de entendimiento para la devolución de fondos</h2>



Laura Dogu, embajadora de Estados Unidos, y el canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, firmaron un memorándum de entendimiento para la devolución de un millón de dólares, equivalente a más de 25 millones de lempiras, en relación al caso de corrupción del IHSS.



El perjuicio económico para el Seguro Social ascendió a 6,399 millones de lempiras, sustraídos a través de contratos sobrevalorados, evasiones fiscales y convenios con empresas de maletín durante la administración del gobierno de Porfirio Lobo Sosa entre 2010 y 2014.