Juan Carlos Aguilar, representante de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), ha cuestionado la intervención anunciada en el circuito judicial en materia de criminalidad organizada y corrupción.
Aguilar planteó la duda sobre si esta medida es una respuesta temporal al escándalo que ha generado la captura del juez Marco Vallecillo, acusado por extorsión, o si realmente busca una reforma integral.
"La intervención debe ser total, con el fin de independizar la carrera judicial y el nombramiento de funcionarios. De lo contrario, continuará el tráfico de influencias, las decisiones sesgadas y la mediación de los políticos", señaló.
También subrayó la necesidad de una apertura a la veeduría ciudadana en el sistema judicial, destacando que históricamente las juntas interventoras no han dado resultados.
Aguilar agregó que la intervención debe ejercer presión para lograr resultados concretos y urgió a que no se siga manejando la justicia del país "a conveniencia".
En medio de este debate, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, cuyo entorno privado ha sido señalado en el escándalo del juez Murillo, ha declarado ser víctima de una "agresión política".
Obando también ha anunciado la intervención de los juzgados tras el escándalo causado por la acusación de extorsión en contra del juez Marco Vallecillo.
Crisis en el Poder Judicial por captura del juez Marco Vallecillo
El juez Marco Vallecillo, quien ocupaba el cargo de coordinador del Juzgado de Letras en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción en Honduras, fue capturado el 17 de agosto de 2024 bajo acusaciones de extorsión.
Según las denuncias presentadas por el fiscal general Johel Zelaya, Vallecillo utilizaba su posición para extorsionar a personas investigadas por casos de corrupción, ofreciéndoles favores judiciales, como cierres administrativos o sobreseimientos, a cambio de pagos millonarios.
Este escándalo ha sacudido el Poder Judicial de Honduras, generando cuestionamientos sobre la corrupción dentro del sistema de justicia. El caso ha puesto en evidencia las prácticas corruptas en la administración de la justicia y ha desencadenado la intervención de los juzgados bajo la supervisión de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando.
