Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), criticó a través de HRN al Congreso Nacional (CN) por el uso discrecional de los recursos del pueblo hondureño.
Según Hernández, el Poder Legislativo enfrenta problemas de improductividad, derroche y falta de transparencia en la rendición de cuentas, acentuados por la contratación de una gran cantidad de asesores, asistentes y consultores.
"El Congreso Nacional tiene 243 asistentes, más de cien asesores y una gran cantidad de consultores," afirmó, basando sus declaraciones en datos oficiales.
Hernández señaló que muchos asistentes, en lugar de apoyar labores legislativas, están asignados a tareas político-electorales para los diputados, algunos incluso cumplen funciones personales en las residencias de los legisladores, financiados con fondos públicos.
“Muchos diputados tienen hasta fotógrafos a su servicio,” añadió. Además, denunció que la figura de los asistentes ha sido utilizada como "mecanismos de extorsión", y advirtió que este tipo de prácticas afecta negativamente la democracia en Honduras.
Ante estas acusaciones, el diputado Ramón Barrios, del partido Libertad y Refundación (Libre), expresó su desacuerdo con varios de los señalamientos de la ASJ. Barrios señaló que en las comisiones en las que participa no existen asistentes y consideró que la evaluación cuantitativa de la productividad legislativa es subjetiva.
“Puede darse el caso de un diputado que presente una sola propuesta, pero muy profunda, mientras que otro promueve numerosas iniciativas menos relevantes, como el 'día de la baleada'”, argumentó.
Barrios destacó, además, que el actual Congreso tiene una característica inédita: ninguna fuerza política cuenta con mayoría simple, lo que, en su opinión, representa un avance para la democracia en el país.
