La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) identificó una reducción de 87 mil estudiantes en el sistema educativo público y un incremento de 4 mil empleados durante el período 2022-2026, según un análisis de las planillas de la Secretaría de Educación.
Ana Jansy Alvarado, directora de Educación de la ASJ, presentó los resultados del informe, que también señala diferencias salariales en determinados puestos administrativos y una alta proporción del presupuesto destinada al pago de sueldos.
“Uno de los datos más importantes es la baja de la matrícula. Es decir, el sistema público en este período de cinco años reporta una pérdida de 87 mil estudiantes, frente a un incremento al personal de 4 mil personas nuevas”, explicó Alvarado.
De acuerdo con la especialista, de los nuevos empleados, 3 mil corresponden a docentes y mil a personal administrativo.
El 85% del presupuesto de Educación cubre salarios
El análisis también revela que la Secretaría de Educación destinó el 85 por ciento de su presupuesto de 2025 al pago de sueldos y salarios.
Alvarado destacó la importancia de verificar si los recursos asignados y el personal contratado responden a la demanda de las aulas y contribuyen a mejorar la calidad educativa.
“En ese sentido, saber si la asignación de ese recurso se destina efectivamente a cubrir la demanda en las aulas de clases se convierte en un elemento importante para garantizar la eficiencia en el aprovechamiento del recurso humano, pero también de la inversión que ya el Gobierno hace”, manifestó.
Entre los hallazgos, la organización identificó contratos administrativos con salarios que oscilan entre 30 mil y 60 mil lempiras mensuales, por encima de los 17 mil a 20 mil lempiras que perciben otras personas en puestos similares, según la información expuesta.
Alvarado aclaró que estos casos corresponden a cargos administrativos, como guardias de centros educativos y oficinistas, y no a contratos docentes.
ASJ remite informe al TSC
La ASJ remitió el informe al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), entidad que, según la organización, aceptó el documento para su análisis.
La directora de Educación indicó que las autoridades competentes deben completar las verificaciones para determinar si los casos identificados ameritan requerimientos u otras acciones.
El informe busca aportar elementos para revisar el manejo de las planillas, la distribución del personal y el uso de los fondos públicos en el sistema educativo hondureño durante el período analizado.
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