Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), cuestionó este domingo el paradero de 6,700 millones de lempiras recadados a través de la Tasa de Seguridad Poblacional.
“El destino de estos fondos sigue sin publicarse de forma clara y accesible. Exigimos al gobierno que demuestre en qué se están invirtiendo los recursos”, expresó Castañeda en el programa Diario Matutino de HRN.
El reclamo surge tras una investigación periodística que revela que más de mil millones de lempiras de esa recaudación se han gastado en alquiler de transporte y al menos 100 millones en la compra de prendas de vestir.
Castañeda recordó que en el plan de gobierno 2022-2026 se planteó eliminar la Ley de Seguridad Poblacional. Sin embargo, solo se derogaron parcialmente los artículos 30 y 31, que establecían el cobro del 1% sobre los ingresos brutos a negocios como casinos y juegos de azar.
“La Tasa de Seguridad es un impuesto para asegurar la defensa ciudadana. Ojalá ese dinero sirviera realmente para generar bienestar, pero en la práctica sigue el mal uso de los fondos, como en el pasado”, afirmó.
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German Licona, cuestiona el mal uso de la Tasa de Seguridad
Por su parte, el analista German Licona denunció que el gobierno ha manejado más de 14 mil millones de lempiras en gastos cuestionables desde 2022.
“Tristemente han sido fraudulentos y mentirosos con las propuestas que hicieron al inicio”, expresó.
Licona y Castañeda coinciden en que el Tribunal Superior de Cuentas debe actuar de oficio e iniciar una auditoría para determinar posibles responsabilidades por el uso irregular de los fondos.
Pese al manejo millonario de recursos, los delitos siguen a la orden del día. Por ejemplo, entre el 1 de enero y el 28 de junio de 2025, 1,038 hondureños han muerto de forma homicida, según el Sistema Estadístico Policial en Línea; mientras delitos como la extorsión y asaltos no han podido ser neutralizados.
Mientras la inseguridad continúa siendo uno de los tres principales problemas del país, la opacidad en el uso de los fondos de la Tasa de Seguridad profundiza la desconfianza ciudadana.
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