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Bajo
la lupa han sido puestas las administraciones del Seguro Social en los
gobiernos de los ex-presidentes Ricardo Maduro, Manuel Zelaya Rosales y
Porfirio Lobo Sosa, por supuestos actos de corrupción en la adquisición y
distribución de medicamentos.



La Fiscalía ha hecho efectivo el
decomiso y el secuestro de una gran cantidad de documentos concernientes a una
línea de investigación muy avanzada y que involucra a autoridades del Seguro
Social de tres administraciones pasadas.



Informes proporcionados por la
entidad que ejerce la acción penal hacen hincapié que por el latrocinio en
perjuicio de la institución han sido procesadas 50 personas.



Entre estos imputados de haber
sustraído de manera infame los recursos del Seguro Social, figuran altos ex
funcionarios gubernamentales, miembros de la cúpula empresarial, dirigencia
obrera, extranjeros y testaferros.



Hay
muchas deudas pendientes. Una de ellas conduce a que sean sacados de la oscuridad una decena de protagonistas del desfalco
que todavía están fuera del alcance de la justicia.



El foco sigue puesto sobre José
Alberto Zelaya Guevara, ex gerente de Compras y Suministros del Seguro Social,
considerado como el cerebro del plan que dio sustento a la red de empresas de
fachada.



En su momento, fuentes de la
Fiscalía y misioneros de la OEA revelaron que este sujeto había sido ubicado;
sin embargo, por razones inconfesables, no fue detenido por las fuerzas de
seguridad y de investigación competentes.



En la lista de individuos que
provocaron la bancarrota del Seguro Social y que están prófugos, también
aparece Mario Roberto Zelaya Palencia, padre del ex director, Mario Zelaya; y
Marco Antonio Jaén Velásquez, acusados por lavado de activos.



En condición de impunes, porque
hasta ahora la ley no les ha alcanzado, se encuentran, asimismo, Mariano
Argueta Reyes y Alex Sarmiento Zelaya.



Existe orden de captura por
haber robado más de 80 millones de lempiras contra Edita López Matamoros,
esposa del ex gerente administrativo y financiero del Seguro Social, José Ramón
Bertetty.



Y por haber servido de
testaferro es perseguida -asimismo- Damaris Aguirre Flores, mientras que el
delito de blanqueo de fondos recae sobre las prófugas Vanessa Maribel Cardona y
Gabriela María Laínez Reina.



En medio de todas las
acusaciones y contraacusaciones en este capítulo, la
pregunta es si por fin en Honduras será posible enterrar la impunidad y dejar
caer el peso de las leyes sobre los corruptos que se robaron los fondos del
Seguro Social.



El obsceno desfalco consumado
hace unos años, ha tenido secuelas que no han podido ser revertidas. Condenable
es que estos efectos caigan con toda su fuerza sobre los afiliados, los únicos
sacrificados por la obra perversa de los deshonestos que se instalaron en el
Seguro Social para saquearlo a manos llenas.



Hay
que dar un giro sustancial con miras a reivindicar los derechos de los
pacientes y a garantizar que obtengan su merecido trato quienes provocaron el
desastre financiero, administrativo, operativo y asistencial del Seguro Social.

Avanzadas nuevas líneas de investigación sobre corrupción en el Seguro Social