El Congreso Nacional de Honduras aprobó por unanimidad una resolución de emergencia para enviar ayuda humanitaria a las familias afectadas por los fuertes terremotos en Venezuela.
Según publicó el Poder Legislativo en sus redes sociales, la iniciativa, presentada por el presidente, Tomás Zambrano, busca mitigar los daños de la catástrofe que golpea al país sudamericano.
¿Cómo se financiará la ayuda a Venezuela por los terremotos?
Para costear el plan de apoyo, los diputados hondureños donarán de forma obligatoria un día de su salario.
Además, el decreto suma los fondos de 15 días de sueldo descontados a tres diputados sancionados del partido Libertad y Refundación (Libre).
De acuerdo con el CN, la recaudación total servirá para la compra directa de alimentos, agua potable, medicinas, suministros hospitalarios y artículos de higiene para los afectados por los terremotos en Venezuela.
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Logística de envío
Al respecto, el Congreso Nacional coordinará directamente el traslado logístico de las provisiones, cuyo envío se realizará de forma inmediata mediante transporte aéreo y marítimo para asegurar que llegue rápido a las comunidades afectadas.
Por otra parte, la resolución exige un estricto control de transparencia en el uso del dinero.
Una vez termine la misión, la Junta Directiva deberá presentar un informe detallado ante el pleno legislativo explicando cada gasto y los costos de transporte.
Terremoto en Venezuela deja miles de víctimas
La emergencia en Venezuela se desató tras dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 grados que sacudió el norte de ese país el 24 de junio de 2026, provocando una crisis humanitaria sin precedentes.
El gobierno venezolano registra de manera oficial 2,295 personas fallecidas y más de 11,267 heridos en centros de salud colapsados.
Además, los terremotos destruyeron miles de viviendas y edificios en estados clave como La Guaira, Miranda y sectores de Caracas, mientras hay graves destrozos en carreteras, puentes y la red eléctrica.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó sobre el riesgo sanitario en la zona, donde más de 12,800 familias damnificadas viven en campamentos provisionales con escasez de agua potable.
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