La Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó la destitución definitiva del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien se encuentra detenido y bajo investigación por supuesta protección a redes del narcotráfico.
En su lugar, el Parlamento eligió este sábado al abogado José Armando Urioste como la nueva autoridad interina del Ministerio Público.
La remoción de Mariaca fue posible tras la aprobación de una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Esta modificación establece la suspensión definitiva de la máxima autoridad de la fiscalía cuando exista una imputación formal o medidas cautelares por delitos que conlleven pena de cárcel.
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Nueva autoridad juramenta el lunes
Tras una extensa sesión que inició el viernes por la noche y requirió cinco rondas de votación, José Armando Urioste logró la aprobación de más de dos tercios del pleno parlamentario.
El presidente del Senado, Diego Ávila, confirmó que Urioste asumirá formalmente el cargo este lunes. La autoridad interina se mantendrá en funciones mientras el Legislativo convoca al proceso constitucional para elegir un titular definitivo.
Acusaciones de crimen organizado y lazos internacionales
Roger Mariaca, quien fue electo en octubre de 2024 durante la administración del Movimiento al Socialismo (MAS), fue arrestado tras ser señalado por el Ejecutivo boliviano de presuntamente liderar una estructura criminal ligada al narcoterrorismo.
Días antes de su captura, el Gobierno de Estados Unidos le había revocado la visa junto a otros exfuncionarios regionales, acusándolo de actos de corrupción y de atentar contra la estabilidad democrática.
Investigaciones y reformas judiciales
El operativo policial ha dejado hasta el momento 13 personas detenidas, entre ellas tres fiscales. Mariaca y los demás implicados se presentan ante un juez cautelar para responder por los delitos de tráfico de sustancias controladas y asociación ilícita.
Por su parte, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, enfatizó la necesidad de reformar el sistema de justicia en el país sudamericano para evitar que grupos del crimen organizado mantengan control sobre las instituciones públicas.
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Con información de EFE
