Un presunto acto de corrupción ha salido a la luz en el marco de la entrega del Bono de Alivio Climático, luego de que un dirigente de Libertad y Refundación (Libre) denunciara públicamente que algunos miembros del partido habrían solicitado la devolución de la mitad del beneficio económico, entregado recientemente en La Ceiba.
La información fue confirmada a Noticieros Hoy Mismo de TSi por el dirigente Nery Chinchilla. Explicó que en la coordinación del Partido Libertad y Refundación (Libre) recibieron múltiples quejas de beneficiarios que habrían sido presionados por líderes locales para entregar entre L2,000 y L3,500 como “agradecimiento” o “cuota de ingreso” por haber sido incluidos en el listado de beneficiarios.
“Desde la coordinación del partido recibimos denuncias de que algunos dirigentes podrían estar cobrando por haber anotado a personas en las listas del bono. Nos dimos cuenta de que un compañero cometió el error de solicitar dinero, y hoy mismo procederemos a hacer la denuncia”, declaró Chinchilla.
Cuestionamientos al Bono de Alivio Climático
El Bono de Alivio Climático, impulsado por el Gobierno como una ayuda ante los efectos de las inundaciones provocadas en 2024 por la tormenta Sara, pero también a los afectados por las tormentas Eta y Iota en 2020, ha sido objeto de creciente polémica por denuncias de uso político y falta de transparencia.
En días recientes, beneficiarios en San Pedro Sula afirmaron que al recibir el bono se les pidió respaldar a la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, e incluso se les habría prometido más beneficios si el partido gana las próximas elecciones.
Los testimonios, acompañados de videos, se viralizaron en redes sociales y han generado fuerte reacción pública. Sin embargo, otros beneficiarios han descartado las presiones.
Exigen investigación y transparencia
Ante los señalamientos, analistas y exfuncionarios han pedido una investigación inmediata para garantizar la legalidad del programa. El exfiscal general Edmundo Orellana advirtió que la entrega de dinero en efectivo sin control adecuado fomenta el clientelismo político y vulnera la confianza ciudadana.
“Los gobiernos deberían abstenerse de realizar transferencias directas sin mecanismos de fiscalización, especialmente en contextos preelectorales”, expresó Orellana en declaraciones recientes.
Sedesol bajo presión
Mientras Sedesol aún no emite un pronunciamiento oficial, el denunciante aseguró que el caso será elevado formalmente ante el Ministerio Público.
“Vivimos en un sistema dado a la corrupción; tenemos que trabajar en este tipo de situaciones. Lo que está pasando no es sano para Libre ni para el país”, puntualizó Chinchilla.
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