La utilización de vidrios polarizados y la instalación de parlantes que son puestos en funcionamiento en su volumen máximo en las unidades de transporte público, han sido prohibidos por las autoridades.
Se trata de medidas adoptadas para ordenar la prestación del servicio, según lo justificado por funcionarios del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre.
A juicio de representantes del rubro, estas medidas pasan a segundo plano, pues lo esencial debe ser el fortalecimiento de las acciones de combate a los grupos de extorsionadores.
Los datos estadísticos dicen que este año han sido ultimados unos veinte transportistas. En esa lista negra se encuentran ocho pilotos de taxis, seis de autobuses y tres de moto-taxis, además de tres ayudantes.
Los actos criminales contra el sector transporte se han concentrado primordialmente en San Pedro y Choloma, en el departamento de Cortés; Distrito Central, en Francisco Morazá,n y en La Ceiba, Atlántida.
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Es la de nunca acabar. Los criminales no han abandonado su actitud desafiante ante las autoridades que aseguran estar quebrantando las estructuras delictivas. Por el contrario, han intensificado su ofensiva contra los transportistas.
Un comunicado emitido por la Fuerza de Seguridad del Sector Transporte dice que están en desarrollo las investigaciones para identificar a los hechores de los ataques mortales y, asimismo, deducir las responsabilidades correspondientes.
Ese cuerpo élite se ha limitado a condenar los homicidios de operadores de rubro. Debido a los golpes propinados por los malhechores, son varios los puntos de taxis y autobuses que han cerrado definitiva o temporalmente sus operaciones.
La problemática del transporte tiene una relación directa con la extorsión, un delito en el que están implicados los mismos operadores de la actividad, asociados con las bandas delictivas.
Hace tres años, autoridades de las Seguridad y Defensa dieron a conocer investigaciones que arrojaron como resultado que el brote de violencia es generado por grupos que rivalizan por el control de las rutas.
Un segmento representativo de dirigentes del transporte denunció que el Gobierno es el mayor responsable de la violencia desatada, debido a la extensión desordenada de permisos de operación sin antes verificar si los peticionarios están o no relacionados con estructuras criminales.
En 2020, el transporte sigue manchado por la sangre de conductores, ayudantes y dirigentes de la actividad, a manos de forajidos relacionados preferentemente con el cobro del impuesto de guerra.
