A los detenidos, se les acusa del delito de fraude en perjuicio de la administración pública, actuando en calidad de autores.
Se trataría de la excongresista por el Partido Nacional, Sara Medina y el exparlamentario suplente por el departamento de Copán, Carlos Roberto Guevara.
Se reportó que la orden de captura fue emitida por el Juzgado de Jurisdicción Nacional en Materia de Crimen Organizado y Corrupción.
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Informamos que capturamos a 2 ex diputad@s al @Congreso_HND por suponerlos responsables de el delito de FRAUDE en perjuicio de la Administración Pública a título de Autor. Emitida por juzgado de jurisdicción nacional en materia de crimen organizado y corrupción. @XiomaraCastroZ pic.twitter.com/sXwruIj9UZ
— Gustavo Sanchez Velasquez (@hegusave) December 13, 2023
Actualmente, Carlos Roberto Guevara se desempeñaba como gerente regional de la ENEE en Copán. Era de ideología nacionalista, pero luego se integró en las filas del Partido Libertad y Refundación Libre.
El Ministerio Público comunicó que hay un tercer exfuncionario detenido de cinco en la lista. Se estaría por confirmar sus identidades.
Comunicado oficial
La acusación del MP, es contra cinco exdiputados, tres de ellos que fungieron en su cargo en el periodo de 2006-2014 y los dos restantes de 2010-2014.
La acusación incluye a dos personas más que tuvieron su participación como cooperadores necesarios para el delito de fraude, luego de presuntamente confabularse con los congresistas para drenar más de 42 millones de lempiras (L. 42,500,000.00) de las arcas del CN a través de una organización no gubernamental, denominada Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH).
De acuerdo al requerimiento fiscal, las gestiones eran realizadas por diputados por medio del Fondo de Desarrollo Departamental para la ejecución de proyectos sociales a través de ONGs, no obstante, una vez hechos los desembolsos, los fondos eran trasladados de manera injustificada a las cuentas personales de los mismos diputados que tramitaron los recursos, además de otros diputados y a particulares que los utilizaban en asuntos distintos para los que estaban predestinados.
Asimismo, se efectuaron gestiones de subsidios otorgados de forma irregular a varios exparlamentarios también mediante el uso del Fondo de Desarrollo Departamental, siempre bajo la justificación de la ejecución de proyectos u obras de desarrollo social, mismos que debieron ser presentados con el perfil de los planes a desarrollarse, lo que no ocurrió.
El origen y giro de los fondos provino de 82 transferencias desde la Secretaría de Finanzas a una cuenta de banco de la AJOPADIH y las mismas se acreditaron en un periodo de seis meses.
Se detectó que uno de los imputados que cumplió su rol como cooperador necesario, registró su firma en las cuentas que eran parte de la ONG y se autoacreditó 28 millones de lempiras y a su vez hizo depósitos a 26 cuentas particulares entre ellos la de los exdiputados acusados, mientras tanto el dinero restante fue trasladado a terceros sin ninguna justificación.
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