El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, confirmó durante una visita a la cárcel de Támara, en Francisco Morazán, que integrantes de distintas organizaciones criminales permanecen "mezclados" en un mismo módulo de máxima seguridad.

El funcionario mencionó a la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18, el Cártel del Diablo y el Combo que no se Deja, cuyos integrantes, según explicó, comparten el área penitenciaria bajo estrictas restricciones.

“Ya se encuentran mezclados miembros de la 18, miembros de la MS, del Cartel del Diablo, del Combo Que No Se Deja y de otros grupos criminales”, afirmó.

Régimen de máxima seguridad en Támara: restricciones para los reclusos

Zambrano detalló que los internos permanecen 23 horas y media dentro de sus celdas y disponen de 30 minutos diarios para realizar ejercicios y estiramientos. También podrán recibir una hora de sol semanal.

Agregó que el régimen prohíbe las visitas familiares y conyugales, así como el ingreso de alimentos y dinero del exterior. Los reclusos pueden comunicarse con sus abogados mediante teléfonos instalados detrás de un vidrio blindado.

El legislador informó que el módulo cuenta con cerca de 120 cupos adicionales para futuros ingresos. También anunció la inspección de otra instalación de máxima seguridad con capacidad para 720 personas.

Capturas de pandilleros y operativos de seguridad en Honduras

“Esto no es juego, esto no es show, esto no es únicamente un mensaje”, declaró Zambrano, quien defendió las reformas penitenciarias y pidió resultados permanentes a las instituciones responsables.

Además, planteó la posibilidad de declarar como terroristas a otras organizaciones criminales hondureñas durante las próximas semanas.

Según el balance de detenciones proporcionado por la Policía Nacional, las autoridades contabilizan 120 presuntos integrantes de estas estructuras: 49 de la MS-13, 42 de la Pandilla 18 y 29 del Cártel del Diablo.

Zambrano insistió en que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deben mantener operativos coordinados en todos los departamentos, mientras el Congreso supervisa el cumplimiento de las nuevas medidas dentro del sistema penitenciario.

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