En El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó hace unos días un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que reduce de 30 a 0 por ciento el Impuesto sobre la Renta a las inversiones extranjeras y a las remesas.
Un año atrás, el gobierno salvadoreño había eliminado todas las cargas fiscales relacionadas con las inversiones en innovaciones tecnológicas referidas a la programación, aplicación, codificaciones y desarrollo de inteligencia artificial.
Se trata de iniciativas que allanan el camino hacia un mayor flujo de capital extranjero con vistas a crear más puestos de trabajo, estabilizar las finanzas y dinamizar la economía.
En Honduras más bien estamos en regresión. La inversión extranjera se fue en picada desde los 1,400 millones de dólares a un promedio de 800 millones, y la inseguridad jurídica se ha profundizado en tal medida que la invasión de 46,000 hectáreas productivas causa una pérdida de 2,400 millones de dólares.
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Han caído las exportaciones en rubros vitales para la entrada de divisas, aparte de que la disponibilidad de dólares en el mercado interno es cada vez menor, lo que se traduce en la pobre capacidad productiva y en la pérdida acentuada de competitividad.
En Honduras, los costos de producción son tres veces más altos. Es el país del área centroamericana con la mayor carga tributaria que roza el 18 por ciento.
Aquí son aplicados unos 43 impuestos. El Gobierno toma provecho de cinco tipos de cargos a las ganancias, y están vigentes 14 pagos laborales y tres decenas de cobros por tasas y derechos.
La tarea es cuesta arriba para los empresarios, ya que deben dar cuentas de cinco tipos de pagos a la renta, sin incluir la retención del 1.5 por ciento que se aplica sobre las “ventas brutas”.
Suma y sigue con los impuestos a la propiedad, importación, actividades específicas, tasas, derechos por diferentes servicios, trámites y las aportaciones por concepto de seguridad social, entre otros.
Estas condiciones hacen que Honduras sea un terreno muy árido para la atracción de inversiones, la generación de empleo y el establecimiento de equidad tributaria y justicia fiscal.
Todo esto ha sido sacrificado por una agenda política que ha dado lugar a una narrativa de confrontación e intimidación del Gobierno hacia la iniciativa privada, en lugar de caminar hacia una concertación de políticas para impulsar el desarrollo.
Altos costos de producción, incertidumbre jurídica, corrupción e inestabilidad política son los pasos en retroceso que estamos siguiendo en nuestro país, en vez de ir hacia adelante con miras a reactivar la economía y colocar a Honduras en ruta al progreso con planificación y visión.
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