El empresario estadounidense Carl Zaglin fue declarado culpable por un tribunal en Miami, Estados Unidos, de haber sobornado a exfuncionarios hondureños vinculados a la Tasa de Seguridad Poblacional, un fideicomiso destinado a financiar proyectos de seguridad en Honduras.
Según la acusación, los sobornos se vinculan a contratos millonarios adjudicados entre 2015 y 2019 a la empresa Atlanco.
El fiscal Peter Cooch detalló que Zaglin “prometió, pagó y autorizó sobornos” a funcionarios, incluidos al menos dos exdirectores de la Tasa: Francisco Cosenza y Juan Ramón Molina, con el objetivo de asegurar más de 10 millones de dólares en contratos.
¿Qué evidencias presentó la Fiscalía en el juicio contra Carl Zaglin?
Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas contundentes, incluyendo transferencias bancarias, facturas falsas y grabaciones de audio que detallan cómo funcionaban los pagos ilícitos.
Aldo Marchena, exbanquero ya condenado, admitió haber entregado sobornos en nombre de Zaglin.
Luis y Bryan Berkman, exejecutivos de Atlanco, declararon haber fabricado documentos falsos y canalizado dinero hacia los funcionarios hondureños.
Juan Ramón Molina Rodríguez, exdirector de la Tasa de Seguridad, reconoció haber recibido 114,000 dólares mediante su empresa en Belice.
En grabaciones presentadas ante el jurado, Zaglin respondió afirmativamente cuando se le explicó el funcionamiento de los pagos, lo que para la Fiscalía confirma que conocía y aceptaba la corrupción como parte de su negocio.
¿Qué dijo la defensa de Zaglin sobre las acusaciones contra su cliente?
El abogado defensor Craig Gillen argumentó que su cliente nunca tuvo intención criminal y que actuó bajo asesoría legal para cumplir con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
Según Gillen, las comisiones a intermediarios eran prácticas comerciales habituales y legítimas, y cuestionó la credibilidad de los testigos, acusándolos de alterar sus declaraciones para obtener beneficios judiciales.
“Si realmente fuera el jefe de un esquema criminal, ¿por qué habría consultado abogados en cada paso?”, cuestionó Gillen durante el juicio.
La condena de Carl Zaglin marca un caso significativo de corrupción internacional que involucra fondos públicos hondureños y empresas extranjeras, reflejando la atención de la justicia estadounidense en actos de soborno en el extranjero.
