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El dirigente del sector transporte, Carlos Fonseca, calificó este miércoles de "política" la acusación en su contra por el supuesto retraso en la entrega de material electoral durante las elecciones primarias del 9 de marzo.



El dirigente y su representante legal comparecieron ante los tribunales esta mañana al ser uno de los requeridos por el Ministerio Público por el presunto incumplimiento en el contrato de transporte electoral el día de las elecciones. 



“Quieren buscar un culpable y señalar al transporte, que no tiene nada que ver. Es algo político, porque hay una guerra interna entre los partidos en el Consejo Nacional Electoral (CNE)”, afirmó Fonseca.



Además, expresó su descontento por el manejo del caso: “Nos están metiendo en un rollo que no tiene que ver con nosotros, hablan de una defraudación al fisco, más bien nos deben. No nos han pagado”.



Fonseca también aseguró que la situación ha puesto en peligro su seguridad y la de su familia.



 “Divulgaron el contrato, lo que viola las cláusulas de confidencialidad. Hay gente dentro del CNE que quiere hacerme daño”, reclamó.



<h4>¿Vínculos políticos?</h4>



El dirigente negó tener nexos políticos pero reconoció que Óscar Aguilera, su socio, es uno de los fundadores del Partido Libertad y Refundación (Libre), junto con su padre, un reconocido militante.



“Solo es mi socio. Nos dedicamos al trabajo, a prestar el servicio de transporte, y estamos extrañados”, enfatizó Fonseca. También mencionó que Bernardo Aguilera, hermano de Óscar Aguilera, labora dentro del CNE.



<h4>Conductores de rapiditos fueron héroes</h4>



Fonseca destacó el papel de los conductores de rapiditos el día de las elecciones: “Ese día fueron héroes, nunca abandonaron las unidades y evitaron el tropiezo de las elecciones”, dijo con firmeza.



Finalmente, confió en que se hará justicia: “Estamos confiando en Dios, no fue culpa nuestra y estamos confiando en la justicia”.



<h4>Diputado de Libre minimiza vinculación de socio </h4>



El congresista del partido Libertad y Refundación, Juan Flores, reaccionó este miércoles ante la controversia por la vinculación de un socio de Libre en el caso de la contratación irregular de transporte electoral.



A su criterio, el elemento nuevo de que uno de los socios es de Libre no importa, porque el Ministerio Público lleva adelante una investigación y ya emitió el requerimiento. Lo que se ha evidenciado es que el contrato, en principio, era de 40 millones de lempiras y luego pasó a 60 millones, declaró el diputado.



Asimismo, enfatizó que el CNE es el único ente rector de los procesos electorales y que la responsabilidad de supervisar y garantizar el cumplimiento de los contratos recae en dicha institución.



<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">🚨🗣️"El tribunal cuando contrata solo trata que la empresa cumpla los requisitos del contrato, es lo fundamental, independientemente quien sea el dueño" (sobre que miembro de Libre es socio de Carlos Fonseca) Juan Flores, diputado de libre. <a href="https://t.co/PrghkntrJs">pic.twitter.com/PrghkntrJs</a>— TSiHonduras (@TSiHonduras) <a href="https://twitter.com/TSiHonduras/status/1907461359429640619?ref_src=twsrc%5Etfw">April 2, 2025</a></blockquote> 



<h4>Requerimiento fiscal por contratación irregular</h4>



 El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra <a href="https://www.radiohrn.hn/requerimientos-fiscales-elecciones-primarias-fiscal-johel-zelaya-anuncia-2025-03-31">Carlos Salomón Fonseca Robles</a>, representante de la empresa Ingeniería Logística, y otros implicados, entre ellos Joel Ramos García, excoordinador del proyecto de transporte electoral; Raúl Amílcar Rivera Montoya, Emilio Hércules Rosa, Juan Carlos Canales Lobo y Martín Pastrana Sánchez, miembros de la comisión evaluadora para la contratación del transporte electoral.







<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaYTNXO6rsQqcJo4YJ2N"><img src="https://wp.radiohrn.hn/wp-content/uploads/2025/04/Banner-HRN-Canal-WhatsApp-300-x-250-12.jpg" alt="" class="wp-image-470218" /></a></figure></div>



Según el expediente, Fonseca recibió un contrato valorado en más de 60 millones de lempiras, firmado apenas dos días antes de las elecciones, el 7 de marzo. Sin embargo, a criterio del Ministerio Público, existió una sobrevaloración.



El documento detalla que la empresa incumplió los términos al no contar con los camiones pesados y livianos estipulados en el contrato, y por ello utilizó buses de transporte público que no estaban considerados para el transporte de material electoral.

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