La hondureña Carmen Mejía, de 54 años y madre de cuatro hijos, recuperó su inocencia tras pasar 22 años en prisión en Estados Unidos por un crimen que no cometió.
Sin embargo, su caso ahora enfrenta un nuevo giro: las autoridades migratorias podrían deportarla.
Un tribunal de apelaciones de Travis, Texas declaró inocente a Mejía luego de que surgieran nuevas pruebas que demostraron que la muerte de un bebé de 10 meses bajo su cuidado en 2003 ocurrió por un accidente doméstico y no por homicidio.
Tras la audiencia realizada, Mejía expresó su sentir después de más de dos décadas en prisión. “Yo siempre he mantenido mi fe y esperanza”, declaró.
Hondureña exonerada en Texas enfrenta proceso de deportación
A pesar de su exoneración, Mejía no recuperó su libertad de inmediato. Durante la audiencia, el juez explicó que existe una orden de detención migratoria en su contra.
“Tengo entendido de que Carmen Mejía tenía estatus legal antes del incidente, pero que ese estatus legal ya no está vigente y que hay una orden de detención de migración vigente del condado de Travis”, declaró el juez, visiblemente afectado mientras se limpiaba las lágrimas.
Caso Carmen Mejía
Mejía llegó a Estados Unidos desde Honduras en 1995. Según organizaciones que han seguido el caso, en ese momento contaba con Estatus de Protección Temporal (TPS) y permiso de trabajo.
Durante el juicio celebrado en 2003, la fiscalía sostuvo que el bebé murió porque un adulto lo mantuvo intencionalmente bajo agua hirviendo.
Sin embargo, décadas después expertos analizaron nuevamente el caso y concluyeron que las lesiones coincidían con un accidente doméstico causado por agua extremadamente caliente proveniente del calentador de la vivienda, el cual no tenía dispositivos de seguridad para regular la temperatura.
Durante la audiencia de exoneración, la fiscal adjunta del condado de Travis, Sarah Byrom, reconoció el error judicial.
El caso ocurre en medio de una política migratoria más estricta en Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, cuya administración ha ampliado las detenciones y deportaciones.
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