La Comisión de Energía Eléctrica (CREE) afirmó que la intervención al sistema eléctrico en Guanaja, Isla de la Bahía, manejada por la Compañía Bonacco Electric Company (BELCO) no se trata de una confiscación, sino de una medida para mejorar el servicio a la población isleña.

De acuerdo con la CREE, se determinó intervenir BELCO debido a irregularidades en el manejo del servicio, ya que no contaba con una concesión o con licencia de operación y cobraba altos costos a los lugareños.

Según el comunicado de la ENEE, BELCO operaba al margen de la ley, sin licencia y con tarifas no reguladas por la CREE."Existen suficientes evidencias constatadas por la CREE sobre la deficiencia de prestación de servicio eléctrico por parte de Belco.

Además, Belco no cuenta con una concesión o licencia de operación para la prestación del servicio eléctrico en la Isla de Guanaja, lo que significa que opera de facto, al margen de la ley", señala el comunicado.

En consecuencia, se presentó una inversión de 106 millones de lempiras para asegurar un servicio de energía eléctrica confiable a la población a través del Programa de Electrificación Rural en Lugares Aislados (PERLA) y el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (FOSODE).

¿Confiscación o intervención de Belco?

“Las inversiones las recupera el país, se llaman inversiones no amortizadas las que no están pagadas con las tarifas o amortizadas las que ya están pagadas”, dijo Padilla al ser consultado si la acción contra Belco se trataría de una confiscación.

Ahora Belco tiene que presentar una solicitud para que se determine el valor de las inversiones no amortizadas que tuvieran y se resolverán en derecho lo que corresponden, detalló,

En cuanto a la intervención, Padilla dijo que era temporal hasta que se normalice el servicio, pero ellos no gozan de licencia no han hecho el trámite, no tienen permiso de operación.

Pronunciamiento Belco

Por su parte, Belco se pronunció diciendo que, aunque no comparte la decisión, cumplirá con la instrucción de la Secretaría de Energía (Sen) y se reserva el derecho de ejecutar acciones legales en defensa de sus derechos, considerando que están siendo vulnerados por decisiones arbitrarias y confiscatorias. Además, lamentaron ser objeto de la primera confiscación de bienes a la empresa privada en Honduras.