En un fallo unánime, el Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción declaró culpables a David Eduardo Ortiz Hawit, Juan Ramón Maradiaga, Elmer Ordóñez Espinal y Gonzalo Molina Solórzano, exfuncionarios del Gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, por violación a los deberes de los funcionarios en el caso 'Corrupción sobre ruedas'.
Entretanto, Carol Vanessa Alvarado Izaguirre fue declarada cómplice de fraude continuado, estafa y violación a los deberes de los funcionarios en el mismo caso, según lo informado por el Poder Judicial.
De acuerdo con ese poder del Estado, los hechos se remontan a la creación de la empresa Servicios e Inversiones AID, facilitada por Alvarado Izaguirre, quien permitió que su motorista, Adolfo Sierra Morales, constituyera la compañía.
Desde las cuentas de esta empresa, se obtuvieron fraudulentamente fondos del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) por un monto de 4,644,855 lempiras.
Estos fondos se destinaron a proporcionar vehículos blindados para el traslado de fondos del programa Bono 10 Mil, vehículos que nunca fueron entregados, utilizándose en su lugar automóviles del Estado.
Otros quedaron en libertad
Por otro lado, los encausados Carlos Josué Romero Puerto y Harvis Edulfo Herrera Carballo fueron absueltos de todas las imputaciones y se ordenó su inmediata liberación de todas las medidas cautelares.
Sin embargo, Ortiz Hawit, Maradiaga, Ordóñez Espinal, Molina Solórzano y Alvarado Izaguirre continuarán bajo medidas cautelares hasta la audiencia de individualización de penas, programada para el viernes 28 de junio a las 9:00 de la mañana.
Presentado por la MACCIH
Este caso, presentado inicialmente por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), investigó el desvío de más de 11.4 millones de lempiras del Banadesa, fondos que debían ser utilizados para el programa Bono 10 Mil pero que, según las investigaciones, fueron destinados a campañas políticas del Partido Nacional.
La creación de la empresa AID y la contratación fraudulenta de vehículos blindados causaron un perjuicio económico significativo al Estado hondureño.
