La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró sin lugar la solicitud presentada por la defensa de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, para que se realizaran peritajes forenses a los audios relacionados con el presunto fraude electoral.
El abogado Dagoberto Aspra informó que la resolución de la CSJ establece que el tribunal se inhibe de ordenar al Ministerio Público (MP) la entrega de los archivos a la defensa para su análisis técnico.
El documento judicial detalla que el 5 de noviembre de 2025, la defensa de López pidió a la CSJ instruir al MP la práctica de una pericia informática forense sobre los audios, con el fin de comprobar su integridad y autenticidad.
Sin embargo, el juez natural resolvió no ha lugar la petición, señalando que no corresponde ordenar esos actos de investigación.
Ministerio Público no tiene líneas de investigación contra Cossette López
El pasado 5 de noviembre el abogado Dagoberto Aspra declaró que el Ministerio Público no mantiene líneas abiertas de investigación contra su representada.
Aspra agregó que el MP notificó que Cossette López no figura como investigada, por lo que no se puede ordenar el peritaje solicitado.
“Este documento choca con la torpeza del Ministerio Público al pretender figurarla como imputada”, puntualizó en su momento.
Contexto filtración de audios
El miércoles 29 de octubre el fiscal general Johel Zelaya tuvo una comparecencia pública donde presentó algunos audios en los que supuestamente se escuchan conversaciones telefónicas donde se escucha la voz de Cossette López, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, y un militar no identificado.
Los audios en cuestión vinculan a López con supuestas coordinaciones sobre el servicio de transporte del material electoral, un caso que el Ministerio Público calificó como un posible atentado contra la transparencia del proceso electoral.
Los mencionados, López y Zambrano, aseguran que los audios fueron manipulados mediante inteligencia artificial; mientras que profesionales del derecho advierten que la forma de adquisición de la prueba es ilegal y por lo tanto no podría ser utilizada en un proceso judicial.
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