Locatarios castigaron a dos mujeres acusadas de robar prendas de vestir en varios locales comerciales. Ellas fueron retenidas y sancionadas públicamente por pobladores del cantón Otavalo, en la provincia de Imbabura, Ecuador.

El hecho, registrado en video y difundido en redes sociales, ha generado conmoción y debate por el uso de la denominada justicia indígena.

Según versiones preliminares, las implicadas fueron sorprendidas en flagrancia cuando presuntamente sustraían productos de comercios del sector.

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Castigan a dos mujeres por robar

Tras ser interceptadas, un grupo de personas las amarró, les retiró la ropa y las obligó a caminar desnudas hasta la Plaza de los Ponchos, donde posteriormente fueron azotadas con ortiga como parte del castigo comunitario.

Imagen de cuerpo de nota

En uno de los videos que circulan en redes sociales se escucha a una de las mujeres decir: “Solo queríamos los estrenos”, mientras es conducida por el lugar ante la mirada de decenas de personas.

Las imágenes muestran el momento del castigo, lo que ha provocado reacciones encontradas entre usuarios que cuestionan el procedimiento y otros que lo justifican como una práctica ancestral.

La justicia indígena está reconocida en la Constitución ecuatoriana dentro de las comunidades y pueblos originarios, siempre que sus procedimientos no vulneren derechos humanos.

Sin embargo, especialistas advierten que castigos degradantes o humillantes pueden entrar en conflicto con la normativa nacional e internacional.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si se iniciará una investigación por los hechos o si el caso será analizado por instancias judiciales.

Violencia en Ecuador

Ecuador vive uno de sus años más violentos en décadas, marcados por un fuerte aumento en los homicidios y la inseguridad ciudadana. Las cifras oficiales y análisis independientes muestran tendencias preocupantes.

Proyecciones basadas en datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, indican que el país podría cerrar 2025 con más de 9,000 asesinatos y una tasa que supera los 50 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las más altas de América Latina.

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