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Los infractores entre 12 y 13 años, no pueden
permanecer &nbsp;&nbsp; recluidos por más de tres
años y para quienes se encuentran &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; entre
los 13 y los 15 años, la sanción no debe exceder a cinco años.



&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Para
aquellos menores entre 16 y 18 años de edad, señalados de &nbsp; cometer una acción ilegal, el tiempo de
detención no tiene que &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pasar de
ocho años.



Bajo resguardo estricto se
encuentra el centro para menores infractores "Renaciendo", ubicado en
Támara, Francisco Morazán, donde el martes se produjo un enfrentamiento que
dejó cuatro jóvenes muertos, varios heridos y una decena de fugados.



La
Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA), ha redoblado la vigilancia en
dicho establecimiento, pero no sirve de mucho. Lo concreto es que no existe la
gobernabilidad en los establecimientos supuestamente dedicados a la
restauración de los menores que cometen faltas.



Las
escenas sangrientas como las observadas en "Renaciendo", son producto
de la falta de intervención de las autoridades. Los jóvenes han tomado control
absoluto, ha condenado el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos
(CODEH).



Los
críticos que han reaccionado con alarma ante esta problemática, que no es
nueva, coincidieron en que los programas de rehabilitación y de reinserción fueron
abandonados y condenados al fracaso.



Entendidos en el tema de la
delincuencia juvenil señalaron que integrantes de maras y pandillas son trasladados
a los predios de rehabilitación y son ellos quienes ejercen el poder en los
mismos.



Los centros de internamiento son
"un desastre", porque ha existido una excesiva protección de los
muchachos que tienen antecedentes de violencia y perfil delictivo.



Ante el caos que impera en dichas
instituciones se ha afirmado que tienen una significativa cuota de
responsabilidad los organismos de Derechos Humanos, a cuyos activistas se les
critica por defender a "ultranza" a los jóvenes que cometen faltas
graves.



Sectores mayoritarios han
demandado que los niños y jóvenes metidos en problemas legales sean
clasificados de acuerdo con el tipo de delito cometido y bajo los criterios que
permitan que los menores sean imputados y juzgados cuando se les encuentre
culpables de actos graves.



La legislación vigente,
considera que los infractores entre 12 y 13 años, no pueden permanecer
recluidos por más de tres años y para quienes se encuentran entre los 13 y los
15 años, la sanción no debe exceder a cinco años.



Para aquellos menores entre 16 y
18 años de edad, señalados de cometer una acción ilegal, el tiempo de detención
no tiene que pasar de ocho años.



El Código de la Niñez no puede
ser más benevolente. Si un joven comprendido en este último grupo, entre 16 y
18 años, es acusado de cometer una falta, será trasladado a un centro donde
permanecerá hasta los 23 años.



A nivel nacional operan cinco
establecimientos de privación de libertad de menores de edad. Lo que ocurre en
estos predios es una réplica del sistema carcelario. Es un tema que no ha sido tratado
con la seriedad ni profundidad.