Está más que probado que las cárceles de Honduras, especialmente las de vigilancia extrema, se afianzaron como centros de tráfico de drogas y de armas y de planificación y consumación de asesinatos selectivos.
Son irrefutables la ineficiencia de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y el total fracaso de las fuerzas élite conformadas para intervenir particularmente los recintos ubicados en Ilama, Santa Bárbara y La Tolva, en Morocelí, El Paraíso.
En el sistema penitenciario todo se salió de control. Cerca de veinte privados de libertad han sido asesinados en las cárceles de máxima seguridad en los últimos meses.
Los Pozos, como se les dio en llamar a los módulos para los reclusos más peligrosos, ya fueron vulnerados y su gobernabilidad tomada por los mismos grupos criminales.
Está más que comprobada la ineficiencia de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y el total fracaso de las fuerzas élite conformadas para intervenir particularmente los recintos ubicados en Ilama, Santa Bárbara y La Tolva, en Morocelí, El Paraíso.
Apenas el fin de semana, cinco internos del Pozo II en la zona oriental del país, fueron ultimados a balas, un hecho que ha venido a derramar más sangre y a demostrar que la crisis penitenciaria "tocó fondo".
Una sola petición han expresado los familiares de los privados de libertad de La Tolva: La inmediata separación de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario.
El sistema de reclusión debe ser declarado en emergencia, debido a la anarquía predominante y a la frecuencia con que se producen las escenas violentas de acuerdo con lo expuesto por miembros de la sociedad civil.
El ingreso de drogas y de armas es de "curso corriente" en los establecimientos carcelarios, al grado que -de acuerdo con versiones que han trascendido- las redes criminales realizan pagos de hasta medio millón para el trasiego de dispositivos de fuego y municiones.
En medio de este caos penitenciario, se resalta la sobrepoblación de procesados y de condenados. En los últimos dos años, el número de presidiarios se ha incrementado en trece por ciento en promedio.
Este conglomerado pasó de 19,000 en 2017 a 21,500 en 2019. Los reportes subrayan que la mayor parte de los inquilinos, acusados por delitos graves, están concentrados en las cárceles de Támara y El Porvenir, Francisco Morazán; Ilama, Santa Bárbara; y Morocelí, El Paraíso.
Es evidente que las cárceles de Honduras, especialmente las de vigilancia extrema, se afianzaron como centros de tráfico de drogas y de armas y de planificación y consumación de asesinatos selectivos.
