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Está más que probado que las cárceles de Honduras,     especialmente las de vigilancia extrema, se afianzaron como        centros de tráfico de drogas y de armas y de planificación y    consumación de asesinatos selectivos.



         Son irrefutables la ineficiencia de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y el total fracaso de las fuerzas élite conformadas para intervenir particularmente los recintos ubicados en Ilama, Santa Bárbara y La Tolva, en Morocelí, El Paraíso.



En el sistema penitenciario
todo se salió de control. Cerca de veinte privados de libertad han sido
asesinados en las cárceles de máxima seguridad en los últimos meses.



Los Pozos, como se les dio en
llamar a los módulos para los reclusos más peligrosos, ya fueron vulnerados y
su gobernabilidad tomada por los mismos grupos criminales.



Está más que comprobada la
ineficiencia de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y el total
fracaso de las fuerzas élite conformadas para intervenir particularmente los
recintos ubicados en Ilama, Santa Bárbara y La Tolva, en Morocelí, El Paraíso.



Apenas el fin de semana, cinco
internos del Pozo II en la zona oriental del país, fueron ultimados a balas, un
hecho que ha venido a derramar más sangre y a demostrar que la crisis
penitenciaria "tocó fondo".



Una sola petición han expresado
los familiares de los privados de libertad de La Tolva: La inmediata separación
de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario. 



El
sistema de reclusión debe ser declarado en emergencia, debido a la anarquía
predominante y a la frecuencia con que se producen las escenas violentas de
acuerdo con lo expuesto por miembros de la sociedad civil.



El ingreso de drogas y de armas
es de "curso corriente" en los establecimientos carcelarios, al grado
que -de acuerdo con versiones que han trascendido- las redes criminales realizan
pagos de hasta medio millón para el trasiego de dispositivos de fuego y
municiones.



En medio de este caos
penitenciario, se resalta la sobrepoblación de procesados y de condenados. En
los últimos dos años, el número de presidiarios se ha incrementado en trece por
ciento en promedio.



Este conglomerado pasó de
19,000 en 2017 a 21,500 en 2019. Los reportes subrayan que la mayor parte de
los inquilinos, acusados por delitos graves, están concentrados en las cárceles
de Támara y El Porvenir, Francisco Morazán; Ilama, Santa Bárbara; y Morocelí,
El Paraíso.



Es evidente que las cárceles de
Honduras, especialmente las de vigilancia extrema, se afianzaron como centros
de tráfico de drogas y de armas y de planificación y consumación de asesinatos
selectivos.

Cerca de una veintena de reos asesinados en cárceles de máxima seguridad: ¿Una burla?

Cerca de una veintena de reos asesinados en cárceles de máxima seguridad: ¿Una burla?

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