César Augusto Flores Zelaya, exempleado del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) quien laboró en el lugar durante 19 años y señalado como integrante activo de la Pandilla 18, enfrenta un proceso penal por los delitos de tráfico de drogas y asociación para delinquir.
Su captura ocurrió el 5 de noviembre en el barrio Villa Adela de Comayagüela, donde, según la Fiscalía, se preparaba para efectuar una transacción ilícita.
Captura de César Flores
El Ministerio Público informó que agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) lo interceptaron cuando conducía un vehículo tipo turismo utilizado para distribuir droga.
Durante la inspección, los agentes decomisaron seis paquetes con supuesta marihuana, un envoltorio con presunta cocaína, tres teléfonos celulares y el automóvil que utilizaba en la zona.
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'Vendía incapacidades'
Según el Ministerio Público, César Flores "se desempeñaba hasta su captura como ayudante de camilla del hospital del IHSS".
En ese contexto, los fiscales le hallaron un talonario de incapacidades del IHSS, "que de acuerdo a la información preliminar, las vendía a costos elevados dependiendo del tiempo que necesitara el cliente. Por este hallazgo el Ministerio Público continúa otra línea de investigación".
La Fiscalía explicó que Flores Zelaya enfrenta cargos graves debido a su vinculación con la estructura criminal Pandilla 18, que opera en el sector.
Con el auto de formal procesamiento dictado en su contra, Flores Zelaya permanecerá recluido mientras avanza el proceso judicial y se amplían las investigaciones sobre sus presuntas operaciones dentro y fuera del IHSS.
Pena por tráfico de drogas
El artículo 311 del Código Penal sanciona con prisión de cuatro (4) a siete (7) años a quien siembre, cultive, coseche, elabore, comercialice, transporte, trafique o de cualquier manera promueva, favorezca o facilite el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como a quien las posea con esos fines.
La pena aumenta de siete (7) a diez (10) años de cárcel cuando se trate de sustancias que causan grave daño a la salud. En ambos casos, el condenado debe pagar una multa de cien (100) a quinientos (500) días.
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