José Antonio Morales, gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), detalló que las compañías telefónicas estarán obligadas a cumplir con la disposición o serán sancionadas por omitirla.
El funcionario de Hondutel explicó en conferencia de prensa que las telefónicas deberán utilizar un recurso similar que utilizó el Registro Nacional de las Personas (RNP) durante el enrolamiento ciudadano para emitir el nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI).
Dicho recurso consiste en un registro de huella digital, reconocimiento facial y el registro digital de la firma de cada persona que adquiera los chips, entre otras medidas biométricas que pueda implementar cada empresa telefónica.
"Podemos hacer una comparativa versus su registro en el RNP, esto nos viene a dar la seguridad necesaria para que los SIM card sean vendidos a quien realmente está solicitando este servicio, entonces con esta medida de una solución informática, única para todos los operadores de servicios de telefonía celular, vamos a brindar la seguridad que se requiere", expuso Morales en una conferencia de prensa en Casa Presidencial tras la reunión del Consejo.
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En ese aspecto, el Gobierno de Honduras anunció en 2022, en el marco de la implementación del estado de excepción en el país, que los chips que no estén registrados legalmente serían bloqueados.
Cámaras de seguridad
Por otro lado, el funcionario anunció que en un máximo de 30 días entrarán en servicio las cámaras de seguridad del Sistema Nacional de Emergencias 911.
Al respecto, detalló que Hondutel realizará la actualización tecnológica y retomará la fibra óptica a nivel nacional para que las cámaras entren en funcionamiento lo antes posible
Alto índice de extorsión telefónica
De acuerdo con información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 2022 se registraron 1,824 denuncias por extorsión, un 153% más que en 2021.
En ese sentido, más del 95% de las denuncias se dieron en el área urbana, especialmente en el Distrito Central, Francisco Morazán, y en San Pedro Sula, Cortés.
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Extensión del estado de excepción
A través de una escrito denominado "Solución Contra el Crimen" para combatir la extorsión y demás modalidades de la criminalidad en Honduras, el Consejo expuso que la segunda etapa del Plan de Seguridad o estado de excepción, concluirá el 6 de octubre, constará de nueve medidas.
La presidenta Xiomara Castro prorrogará la vigencia del PCM 10-2023 y asignará las responsabilidades correspondientes a las secretarías de Seguridad y Defensa, así como a los entes de seguridad del Estado, como la Policía Nacional, Policía Militar de Orden Público (PMOP), Fuerzas Armadas (FF. AA.) y las demás que estén involucradas en el Plan de Seguridad.
Entre otras medidas que destacan en el documento figura la asignación de jueces con jurisdicción nacional, así cono jueces y fiscales especiales para acompañar la labor de los entes de seguridad,
Asimismo, el comunicado estableció que se estableció un protocolo policial para casos de tomas de vías públicas para garantizar la libre circulación de la ciudadanía, aunque no detalló qué medidas podrían tomar.
De este modo, esta será la tercera ampliación al estado de excepción en Honduras, el cual se implementó el 6 de diciembre de 2022; se amplió por primera vez el 6 de enero y por segunda ocasión el 20 de febrero de 2023.
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