Además de la aprobación de la figura del "querellante particular" que le daría libertad de acusación a la CICIH, organizaciones de la sociedad civil sostienen que deben darse tres condiciones para no condenar al fracaso la batalla anticorrupción.
La primera se refiere a que la comisión especial de la ONU tenga atribuciones de realizar investigaciones de manera independiente, que no se reduzcan a un "acompañamiento".
La segunda estaría encaminada a revisar los alcances del decreto que limita las acciones del Ministerio Público contra funcionarios del Ejecutivo, diputados y magistrados que cometan actos ilícitos en el manejo de recursos públicos.
Una tercera condición es la relacionada con la autonomía de la CICIH para llevar a los juzgados anticorrupción a los denunciados de tal delito.
Con el fin de evitar que la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad corra la misma suerte que la MACCIH, los sectores que tienen peso en la opinión pública presionan para que la misión de la ONU sea blindada.
Esta coraza a la que hacen alusión los críticos, se traduce en la posibilidad de proveer de "dientes" a la entidad que será instalada en Honduras en pro de fortalecer la cultura de la rendición de cuentas.
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La duda que prevalece entre vastos sectores del país es que el discurso anticorrupción del Gobierno no sea sincero o que, en el fondo, esté anidada una motivación política de mantener la impunidad.
Hay quienes tienen sus reservas en cuanto a la verdadera voluntad de las autoridades del país de dotar a la CICIH de mecanismos de investigación y acusación.
Voceros de la oposición política afirman que el gobierno de la presidente Xiomara Castro no tiene un interés verdadero de recibir a la misión extranjera, puesto que las acciones estarían encaminadas a mantener bajo escrutinio las actuaciones del "poder popular".
El exfiscal, Edmundo Orellana Mercado, ha advertido que el principal blanco será el Gobierno, el Congreso Nacional y el Poder Judicial, aunque esto no impedirá que la CICIH intervenga en el conocimiento de casos de corrupción cometidos en gestiones anteriores.
Entretanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, ha dicho: lo que se busca es la instalación de un organismo independiente y autónomo que acompañe la batalla anticorrupción.
Líderes de distintos segmentos del país han alzado su voz en un sentido: los hondureños demandan que se siente un precedente, que los corruptos reciban su merecido y que sean llevados a la cárcel.
Para alcanzar ese cometido deben darse dos condiciones: una firme voluntad del Gobierno y una labor de vigilancia y de auditoría de parte de los ciudadanos que demandan el desmantelamiento de las redes de podredumbre, de tráfico de influencias, de saqueo de fondos y de desvío de recursos.
