La opinión del analista surge en la necesidad manifiesta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de reformar o derogar las leyes o decretos que impiden la lucha contra la corrupción para la instalación de la CICIH.

Y es que, entre estos decretos que tendrían que ser objeto de reforma o derogación resaltan los decretos legislativos 57-202093-2021 y 116-2019, que son leyes secundarias.

"Es absolutamente absurdo, desde el punto de vista jurídico, porque el proceso de elaboración de la ley está contemplada en la Constitución, no es materia que leyes secundarias y la Constitución bajo la modalidad de números clausus le dice ya en qué casos se requiere esa mayoría de al menos 86 votos y en qué casos las leyes secundarias se aprueban por mayoría absoluta", dijo Pineda a Diario Matutino de HRN.

Entrevista de Raúl Pineda a Diario Matutino, de HRN.

Por otra parte, detalló que si el Ejecutivo suscribe el tratado con la ONU no habría necesidad de que el CN derogue algunos decretos, puesto que el tratado, una vez aprobado por el Legislativo, "tiene un poder jerárquico superior a la legislación ordinaria".

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Riesgo de no aprobar la CICIH

Asimismo, Raúl Pineda enfatizó en que Honduras corre una serie de riesgos en caso de que no se apruebe la llegada de la CICIH al país, entre los que resaltó la no inclusión en la Cuenta del Milenio para los próximos años.

"De no aprobarse lo de las honduras, corre el gravísimo riesgo es no tener acceso a la Cuenta del Milenio y el Gobierno tendría problemas políticos porque, así como ha salido una derrota política que no se apruebe la (propuesta) Ley de Justicia Tributaria, sería una derrota política que no pasara la CICIH", externó.

Por tanto, precisó que Honduras corre el peligro de perder alrededor de unos 400 millones de dólares si no tiene acceso a dicho mecanismo de financiamiento internacional.

'Blindaje' legislativo

Por otro lado, el abogado de profesión señaló que el Gobierno puede arreglar la -catalogada- inmunidad parlamentaria, que consiste en que el Ministerio Público (MP) solo puede investigar presuntos actos de corrupción de diputados del CN si el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) da su opinión y expone indicios o evidencias de lo denunciado.

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"Esto lo arregla el Gobierno haciendo un tratado con Naciones Unidas diciendo que determinadas normas no tendrán ningún valor defecto en cuanto a las investigaciones que haga la CICIH y va al Congreso y en el Congreso tiene que quitarse la máscara", apuntó.

Posibles investigados

Además, el analista señaló que el principal problema en que llegue la CICIH al país lo tiene, principalmente, el gobierno que recién en 2022 dejó sus funciones al asumir funciones la gestión de la presidenta Xiomara Castro.

"Creo que el problema lo tiene, básicamente, la gente del gobierno que recién fue sustituido, es decir, estuvieron 12 años en el poder. No creo que la CICIH va a venir a investigar el gobierno del presidente Azcona o el gobierno del presidente Flores, va a investigarlo inmediato para evitar esos procesos de prescripción que se dan en este tipo de delitos (corrupción)", expuso Pineda.

El pueblo 'saldrá a exigirla'

Por su parte, Maribel Espinoza, diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), expresó en sus redes sociales que, si las autoridades hondureñas no cumplen con la llegada de la CICIH al país, el pueblo saldrá otra vez a las calles, como en 2015, a exigirlo.

"Déjense de cuentos chinos. Sino cumplen con la venida de la CICIH a la brevedad, el PUEBLO tendrá que salir otra vez a las calles para exigirle. No se acepta prórrogas al memorándum de entendimiento, se reclama por la inmediata suscripción del convenio y derogaciones y reformas que deben hacerse en el CN. El país debe cambiar", manifestó la parlamentaria a través de Twitter.

La CICIH

La llegada de la misión internacional de lucha contra la corrupción es un clamor popular vigente desde 2015, cuando salió a la luz el desfalco contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), entre otros actos de presunta corrupción en Honduras.

Es así que la presidenta Castro prometió en su campaña en 2021 la llegada de la CICIH, para lo que en febrero de 2022 solicitó formalmente a la ONU la llegada de la misión al país.

Por lo anterior, el organismo envió en junio de 2022 un borrador de memorándum de entendimiento, en el que pidió la derogación o reforma de decretos y leyes que impiden o frenan el combate contra la corrupción.

De tal modo, el Gobierno de Honduras y la ONU firmaron dicho memorándum el 15 de diciembre de 2022, mismo que tenía una vigencia de seis meses, los cuales vencieron el 15 de junio de 2023.

No obstante, de momento el escrito aún no ha sido prorrogado y las autoridades del Gobierno aún no se han pronunciado al respecto.

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