El Instituto Nacional Penitenciario (INP) de Honduras informó este martes que 165 privados de libertad fueron trasladados desde el Centro Penitenciario Nacional de Támara a recintos penitenciarios de 'La Tolva' y 'El Pozo', en Morocelí, El Paraíso e Ilama, Santa Bárbara, respectivamente, en el proceso de clasificación de los reclusos.
Según un comunicado del INP, esta acción responde a la aplicación de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y al mandato de la Comisión Interventora establecida mediante el decreto ejecutivo PCM-028-2023.
De acuerdo con el comunicado oficial, 57 miembros de la estructura criminal MS-13 fueron reubicados en el Centro Penitenciario de Morocelí 'La Tolva', mientras que 108 integrantes de la Pandilla Barrio 18 fueron trasladados al Centro Penitenciario de Ilama, conocido como 'El Pozo'.
Al respecto, el INP subrayó que esta medida busca salvaguardar la integridad física y la vida de los internos, priorizando los derechos fundamentales de la población penitenciaria.

Normativa vigente respalda las reubicaciones
Conforme al escrito, el director del INP tiene la facultad legal de ordenar traslados y la clasificación de los privados de libertad por razones de seguridad o cuando se identifiquen riesgos a la integridad personal de los internos, según los artículos 16 y 206 de la ley vigente.
Además, la Comisión Interventora está autorizada para clasificar tanto los centros penales como a sus internos, con base en estudios técnicos de peligrosidad y el perfil criminológico de cada individuo.
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Conaprev y Codeh exigen mayor transparencia
Durante una conferencia de prensa, representantes del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (Conaprev) y del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh) coincidieron en la necesidad de mejorar los canales de información hacia los familiares de los privados de libertad en el proceso de clasificación.
Para el caso, la representante de Conaprev enfatizó la importancia de una estrategia de comunicación clara, oportuna y continua para evitar incertidumbre entre las familias y las instituciones de derechos humanos.
"Debemos evitar que la gente diga 'no sé dónde está mi familiar'. La información debe fluir antes, durante y después de cada traslado", señaló la funcionaria, destacando además el compromiso institucional con la dignidad humana.
'No hay razón para ocultar información': General Muñoz
En respuesta, el general Ramiro Muñoz, titular de la Comisión Interventora, aseguró que los directores de los centros penitenciarios están instruidos para brindar información precisa a los familiares y organizaciones.
"Esto no es un favor; es una obligación legal. No hay razón para ocultar nada. Estos traslados benefician a Honduras", afirmó.
Asimismo, Muñoz recalcó que las operaciones se han realizado con normalidad, y aclaró que los traslados nocturnos solo ocurren cuando la seguridad lo requiere.
"Estamos actuando con responsabilidad y transparencia. Este trabajo que nadie quería, lo estamos haciendo para que el país avance", puntualizó.
'Todos los reclusos deben ser tratados con igualdad': Codeh
Por su parte, el presidente del Codeh, Hugo Maldonado, respaldó la iniciativa, pero insistió en que todos los internos deben recibir un trato igualitario, independientemente de su condición jurídica.
También reiteró el llamado a mantener una línea de comunicación directa con las familias.
Panorama penitenciario en cifras
Actualmente, Honduras cuenta con una población penitenciaria de 19,229 personas, de las cuales el 94 % son hombres y el 6 % mujeres.
Según cifras del INP, un 55 % ya ha sido sentenciado, mientras que el 45 % permanece en condición de procesado.
El proceso de clasificación y redistribución de lo privados de libertad forma parte de un esfuerzo más amplio por transformar el sistema penitenciario hondureño, garantizar condiciones dignas y reforzar la seguridad dentro de los centros penales.
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