La Comisión Técnica Liquidadora de la Secretaría de Finanzas informó sobre los avances en el proceso de liquidación administrativa y financiera de siete secretarias suprimidas en el marco del decreto PCM 02-2026, que impulsa la reestructuración del aparato estatal en Honduras.
A través de su cuenta oficial en la red social X, la comisión detalló el progreso alcanzado hasta el momento en el levantamiento de información de las entidades suprimidas.
“Hemos avanzado en el levantamiento de información en 7 instituciones suprimidas, aprox. 1,997 empleados identificados y más de L.207 millones en pago de prestaciones, se garantiza el pago de indemnizaciones”, publicó el organismo encargado del proceso.
Según la información divulgada, el equipo técnico también trabaja en la documentación del monto de la deuda con proveedores, un paso clave para cerrar de forma ordenada las operaciones administrativas y financieras de las instituciones eliminadas.
Siete entidades suprimidas
Entre las entidades suprimidas como parte de la reestructuración estatal figuran varias dependencias vinculadas a áreas de planificación, transparencia y programas sociales.
Las instituciones eliminadas incluyen la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Secretaría de Planificación Estratégica, la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos de la Presidencia, así como el Programa Vivienda y Asentamientos Humanos y el Programa Red Solidaria.
Además del proceso administrativo, la Comisión Técnica Liquidadora tiene bajo su responsabilidad la gestión de los recursos presupuestarios necesarios para cubrir las indemnizaciones correspondientes a los empleados afectados.
¿Quiénes integran la Comisión Liquidadora?
El organismo está integrado por Ángel Antonio Mendoza Velásquez, Denisse Yamileth Rosales Rivera, Carlos Humberto Hernández Erazo, Leonel Humberto Núñez Espinoza y Mario Celín Simón Perla, quienes supervisan el cumplimiento del proceso de liquidación.
Las autoridades explicaron que esta reestructuración del Estado busca simplificar la administración pública, optimizar el uso de los recursos y fortalecer la eficiencia institucional.
Con este proceso, el gobierno pretende garantizar que cada institución cumpla sus funciones con mayor responsabilidad, transparencia y eficiencia en beneficio de la gestión pública.
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