La reciente instalación de una Comisión Permanente del Congreso Nacional por parte del presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, ha encendido un fuerte debate jurídico y político en el país. Expertos en derecho constitucional y analistas consideran que la medida podría carecer de base legal y representar un riesgo para el orden institucional, especialmente a pocas semanas de las elecciones generales.
El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos calificó este sábado en TN5 Matutino como 'injustificada e inconstitucional' la creación de la Comisión Permanente, asegurando que esta no puede ejercer funciones que competen exclusivamente al pleno del Congreso.
“No tiene sentido ni la creación de la Comisión Permanente ni mucho menos ninguna de las atribuciones que no estén contempladas en el artículo 208 de la Constitución”, explicó Barrientos.
Comisión Permanente tiene funciones limitadas
El profesional del derecho recordó que dicha comisión tiene funciones limitadas y no puede nombrar ni destituir funcionarios públicos, salvo en casos excepcionales de vacancia, como ocurrió anteriormente con el nombramiento de fiscales interinos cuando ya había concluido el período del fiscal general.
“Ahora todos los cargos de nombramiento del Congreso están ocupados; no pueden destituir a nadie ni sustituir magistrados o consejeros porque eso requiere un juicio político y la aprobación del pleno”, señaló.
También apuntó: “Prácticamente, no sé para qué nombró Luis Redondo esta Comisión Permanente, si no tiene ninguna función importante”.
Por su parte, el analista político y abogado Jorge Yllescas sostuvo que la medida del Congreso Nacional “carece de legitimidad”, ya que más de 80 diputados de la oposición se autoconvocaron legalmente antes de la instalación hecha por Redondo.
“El Congreso está cometiendo aberraciones jurídicas porque ya había una autoconvocatoria legítima con más de 80 diputados. Nombrar una Comisión Permanente es ilegal y sin efecto”, afirmó.
Yllescas advirtió que este tipo de decisiones incrementan la tensión política y pueden derivar en una crisis institucional de mayores proporciones.
“Pareciera que nos quieren conducir a una situación de ilegalidad total, a romper el orden constitucional. Es peligroso, porque están llamando a la confrontación y eso podría generar caos social.”
Sobre destitución de Cossette
Yllescas cuestionó la legalidad de la intención del partido Libertad y Refundación (Libre) de solicitar la renuncia o destitución de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, advirtiendo que cualquier intento de remoción sin un proceso formal constituiría una violación a la Constitución y podría derivar en un conflicto jurídico internacional.
Durante una entrevista, Yllescas explicó que los consejeros del CNE y los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) gozan de protección constitucional, ya que fueron nombrados conforme a la ley y forman parte de instituciones de derecho público.
“Los consejeros están nombrados constitucionalmente y tienen toda la protección de la Carta Magna. Esa comisión que se instaló es espuria y no tiene facultades para nombrar ni destituir funcionarios”, afirmó.
El analista recordó que el caso del nombramiento interino del fiscal general y adjunto en 2023 no puede compararse con la situación actual, ya que en ese momento existía una vacante y un acuerdo político entre las principales fuerzas del Congreso.
“En el caso del fiscal interino hubo una negociación entre el Partido Nacional, el Partido Liberal y Luis Redondo. Aquí no hay vacantes ni causales para una destitución; jurídicamente, no lo pueden hacer”, puntualizó.
⚖️ “Los audios no son prueba válida”
Yllescas también se refirió a los audios difundidos recientemente, en los que se implica a López en una supuesta conversación con fines políticos, señalando que dichos materiales no tienen validez jurídica al no haber sido autorizados por un juez ni periciados por expertos.
“Esos audios no son legítimos ni constituyen prueba. No hubo orden judicial para esas grabaciones, por lo tanto, carecen de toda validez jurídica”, sostuvo.
El abogado advirtió que si el Congreso Nacional o alguna comisión intentara destituir a la funcionaria sin seguir el proceso constitucional, Honduras podría enfrentar demandas internacionales por violación a la independencia institucional.
Contexto constitucional
De acuerdo con el artículo 208 de la Constitución de la República, la Comisión Permanente del Congreso Nacional solo puede ejercer funciones administrativas y de continuidad legislativa durante el receso de sesiones, sin facultad para:
- Aprobar leyes o decretos,
- Derogar o reformar leyes,
- Nombrar o sustituir funcionarios públicos,
- Emitir declaratorias electorales.
En ese sentido, los juristas coinciden en que la Comisión instalada por Redondo no puede asumir atribuciones del pleno, y cualquier intento de hacerlo podría constituir una violación a la soberanía popular y al principio de separación de poderes.
Oposición se autoconvoca y prolonga sesiones
La instalación de la Comisión se produce pocos días después de que más de 70 diputados de la oposición decidieran autoconvocarse para prorrogar el período de sesiones ordinarias, ante lo que calificaron como “parálisis legislativa” por falta de convocatoria.
El grupo opositor intentó sesionar en el Hemiciclo Legislativo, pero el acceso les fue negado debido a un fuerte cordón policial que resguardaba el edificio. Finalmente, llevaron a cabo su reunión en la Plaza La Merced, donde aprobaron la extensión del período de sesiones del 1 de noviembre de 2025 al 20 de enero de 2026.
Diputados de oposición rechazan la Comisión
La diputada liberal Maribel Espinoza calificó de “delictiva y abusiva” la instalación de la Comisión Permanente por parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional, presidida por Luis Redondo, asegurando que el acto vulnera las facultades del pleno legislativo y profundiza la crisis política en vísperas de las elecciones generales.
Durante declaraciones ofrecidas este sábado, Espinoza señaló que Redondo “solo puede gobernar un Congreso con los afines” y acusó al oficialismo de pretender abrogarse funciones exclusivas del pleno.
“Cuando dice en su decreto que llevarán a cabo sesiones, pareciera que van a hacer un Congreso de nuevo”, manifestó la congresista, advirtiendo que esa decisión constituye “más delitos a los ya cometidos”, opinó.
Por otro lado, la diputada nacionalista, María Antonieta Medía, reaccionó en su cuenta de X y catalogo de abusos institucionales.
"Redondo carece de atribuciones para instalar una “comisión permanente”. Hacerlo sería sumar otra ilegalidad más a su largo historial de abusos institucionales", expresó.
Llamado al voto y defensa del Estado de derecho
La parlamentaria instó a la ciudadanía a no dejarse engañar por la confrontación política y a ejercer su voto el 30 de noviembre.“El pueblo hondureño debe ver estas conductas. No podemos vivir en un país donde criminales sean los que gobiernen”, dijo Espinoza, quien además subrayó que “son criminales aquellos que se enmarcan en conductas delictivas fijadas en el Código Penal”.
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