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La regularización extraordinaria de migrantes que el Consejo español de Ministros prevé aprobar este martes se suma a los hasta ocho procesos extraordinarios de regularización que gobiernos liderados por el socialista PSOE como por el conservador Partido Popular han efectuado en España desde los años ochenta.



Esas iniciativas han intentado reducir las crecientes bolsas de ciudadanos extranjeros sin derechos y luchar también contra la economía sumergida.



Según las cifras ofrecidas por los sucesivos gabinetes, con esas fórmulas lograron papeles para residir y trabajar legalmente en España más de un millón de extranjeros, aunque no ha sido para ellos el único camino para acceder a documentación.



De hecho, el año pasado entró en vigor un nuevo reglamento de extranjería con el que el Gobierno calculaba poder legalizar la situación de alrededor de 900.000 personas en tres años por la vía del arraigo.



<h2>Requisito para la regulación </h2>



El proceso previsto ahora, pactado con el partido izquierdista Podemos, implica "que tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia".&nbsp;



<h3>Procesos desde 1985</h3>



Los dos primeros procesos extraordinarios se activaron en 1985 y en 1991, durante los gobiernos del socialista Felipe González (1982-1996), y se saldaron con más de 147.000 extranjeros beneficiados.



Con el conservador José María Aznar (1996-2004) en La Moncloa, en 1996 se diseñó un mecanismo para conceder papeles a quienes hubieran sido titulares alguna vez de un permiso y a sus familiares, siempre que hubieran estado en España con anterioridad al 1 de enero de aquel año. Obtuvieron papeles unos 21.000 inmigrantes.



El siguiente proceso, en el 2000, tuvo un alcance mucho más amplio, ya que se exigió a los extranjeros haber entrado en España antes del 1 de junio de 1999 y haber contado en algún momento con un permiso o haberlo solicitado.



Pidieron la regularización más de 244.000 extranjeros y consiguieron la documentación alrededor de 163.000.



Ante el elevado número de peticiones rechazadas, en 2001 se decidió revisar de oficio los expedientes de quienes no habían podido acreditar su estancia en España antes de la fecha fijada y lograron regularizar su situación 36.000 personas más.



El mismo año se celebró otro proceso extraordinario, pero solo pudieron acogerse a él los ciudadanos ecuatorianos. Benefició a más de 20.000.



Se aprobó después de que doce inmigrantes de Ecuador que carecían de permisos de residencia y trabajo en España murieran en un accidente en Lorca (sur de España), cuando un tren arrolló la furgoneta en la que se dirigían a trabajar al campo.



El proceso de regularización más grande puesto en marcha durante los gobiernos de Aznar se activó también en 2001 y fue la llamada "regularización por arraigo", que proporcionó documentación a más de 239.000 extranjeros.



Tuvieron que demostrar que se encontraban en España desde principios de año y acreditar su arraigo en el país, su incorporación real o potencial al mercado de trabajo, una anterior residencia regular en el país o vínculos familiares con residentes legales.



Ese proceso fue superado en 2005 por la regularización extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), que benefició a casi 578.000 extranjeros, según las cifras que ofreció el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.



Por primera vez se vinculó de forma directa al mercado laboral, ya que se exigió un contrato de trabajo firmado.



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