Diomes Dagoberto Arita Cartagena, uno de los principales sicarios y socio de la estructura criminal de los hermanos Valle Valle, fue condenado a 34 años de prisión. La sentencia fue dictada en una audiencia de estricta conformidad, en la que se presentaron pruebas que demostraron su responsabilidad en dos homicidios y en el delito de lesiones agravadas. Arita Cartagena fue encontrado culpable del asesinato de Luis Alberto Morales Pérez y Oscar Leonel Reyes, así como de causarles lesiones agravadas. Según la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) en San Pedro Sula, Arita Cartagena formaba parte de la banda criminal conocida como Los Pelones , liderada por Marlon Josué Aguilar Tábora y estrechamente relacionada con los hermanos Valle Valle, quienes fueron sentenciados en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Le puede interesar: La Corte Suprema recibe nuevas solicitudes de extradición de EE.UU. y México Los crímenes de Arita Cartagena ocurrieron el 15 de febrero de 2020 en el barrio Mariona, en La Entrada, Copán, y fue capturado en abril de 2021 durante la Operación Escudo Nacional II. Otros avances en casos de homicidio La FEDCV también informó sobre otras medidas judiciales. Juan Alberto Pérez Viera recibió prisión preventiva por sospechas de homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de arma de fuego, mientras que Luis Arturo Gómez Mejía fue imputado por el asesinato de Orlin Jacobo Rivera Ramírez. Por otro lado, Oscar Roldán Flores Mejía fue declarado culpable en un juicio por el asesinato de tres menores en la colonia Trinchera, en Choloma, Cortés, el 21 de febrero de 2021. La audiencia de individualización de su pena está programada para la próxima semana. Asimismo, Edwin José Cantarero Muñoz enfrenta una acusación formal por el asesinato de estos tres menores. Maynor José Orellana también recibió prisión preventiva por homicidio y asociación ilícita, relacionado con otros delitos en perjuicio de varias personas, incluyendo el asesinato de Orlin Jacobo Rivera Ramírez. Estos casos forman parte del esfuerzo de la FEDCV y las autoridades hondureñas para combatir la criminalidad organizada y garantizar justicia para las víctimas.