Mientras no sea solventada la crisis por el poder en el Congreso Nacional, las acciones de los grupos en disputa están revestidas de toda nulidad y se pone en cuestionamiento la institucionalidad del país.
Tal es lo que han recalcado analistas que observan cómo los políticos se niegan a entrar en un diálogo para ponerle término a la crisis causada por la integración de dos juntas directivas de la Cámara Legislativa.
Los expertos en ciencias políticas han llamado a reflexionar que el conflicto ha puesto en vilo la legalidad y legitimidad del Estado de Derecho, dado que ha trascendido las fronteras de las actividades privativas del Congreso, además de obstaculizar las funciones del Poder Ejecutivo.
Esto les tiene sin cuidado a los políticos que siguen enfrascados en sus posiciones. Todavía no ha salido humo blanco de las negociaciones que ya están en curso entre el ex presidente, Manuel Zelaya Rosales, y los sectores confrontados del Partido Libertad y Refundación (LIBRE). ¿Está cerca un arreglo?
Una de las salidas que se han adelantado es que el diputado Jorge Cálix pudiese deponer sus aspiraciones y ser integrado en la Junta Directiva que encabeza el congresista Luis Redondo.
Lea: Editorial HRN: Ambición política y crisis institucional
Esa opción es rechazada por un segmento de congresistas disidentes de Libertad y Refundación que se han declarado firmes en apoyo a Cálix y anunciado que no van a ceder el Poder Legislativo al Partido Salvador Honduras. Han agregado que el triunfo en las urnas les cuesta a la dirigencia y a las bases de la Resistencia.
La bancada del Partido Nacional se ha pronunciado en el sentido que les corresponde a los diputados de LIBRE y sus aliados terminar con la crisis a la que han arrastrado al país, pues el diálogo y la ley tienen que prevalecer en Honduras.
Dirigentes religiosos, por su parte, han invitado a los políticos a centrarse en un diálogo; es decir, escuchar a los actores para encontrar soluciones en beneficio de todos; y no en negociaciones, cuyo propósito es sacar provecho de la crisis de manera parcial y egoísta.
La empresa privada ha reafirmado su solicitud a todos los actores políticos para que identifiquen la alternativa de solución a las diferencias que conllevan serias consecuencias económicas, sociales e institucionales.
Mediante el mecanismo del diálogo es que es posible labrar el camino del entendimiento, la paz, la confianza del pueblo y el respeto a la independencia de los Poderes del Estado, han sostenido los líderes de la sociedad civil.
En esa misma ruta, personeros de gobiernos amigos y de organismos externos han urgido a las figuras políticas hondureñas a integrarse en un diálogo para encontrar una pronta respuesta a la crisis institucional.
Diversos círculos de opinión pública han puesto de relieve que Honduras es, en este momento, un país donde tambalea el ordenamiento jurídico, donde no existe legitimidad y donde los políticos están ocupados en la búsqueda de impunidad y repartición del poder, en lugar de cumplir con el compromiso de cimentar las bases del desarrollo.
