El Tribunal de Alzada confirmó el martes (04.05.2021) el auto de formal procesamiento con prisión preventiva dictados hace 16 meses por el delito de lavado de activos contra el excomisionado general de la Policía Nacional, Leonel Luciano Sauceda Guifarro y de su esposa Patricia Sbeltlana Estrada Pacheco.
De acuerdo con la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF – ADPOL) el Tribunal declaró “Sin Lugar” un recurso de apelación a la defensa privada de Sauceda Guifarro.
En este caso, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) bajo la coordinación de fiscales de la UF – ADPOL, logró establecer que los imputados adquirieron, poseyeron, administraron y transfirieron dinero del que no puede determinarse su origen o procedencia licita, actuando como autores materiales del hecho.
La captura del funcionario policial y su pareja se efectuó en febrero de 2020 en un allanamiento en la Residencial Jardines de Toncontín en Comayagüela.
Investigación
El Informe Financiero y Patrimonial elaborado por la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio Público, estableció que los productos financieros, bienes muebles e inmuebles obtenidos e inversiones realizadas, carecen de fundamento económico legal, pese a que el desglose salarial del acusado en la fase investigada, asciende a casi seis millones de lempiras, sin deducciones.
Además, se constató que en algunos bienes adquiridos hasta por un millón quinientos mil lempira, no existía huella financiera, puesto que se pagaron en efectivo, por lo que no se determina la procedencia de los fondos.
En esta acción, también se realizaron 33 aseguramientos de bienes de origen ilícito, ocho de ellos muebles e inmuebles, dos son vehículos y 23 corresponden a productos financieros, propiedad de los imputados. De estos bienes, tres son terrenos ubicados en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro, con una extensión de 100 manzanas de tierra.
Dato
Leonel Luciano Sauceda Guifarro ingresó a la Policía Nacional el 22 de enero de 1992 con el grado de subteniente y en 30 de enero de 2020, escaló al rango de comisionado general, ostentando el cargo de Director de Recursos Humanos y en años anteriores fungió como Director de la extinta Dirección Nacional de Tránsito, Jefe de Relaciones Públicas y Jefe de las Jefaturas Metropolitanas de San Pedro Sula y Tegucigalpa.
