La crisis en el sector salud no es minúscula. Sus avenidas de solución tampoco se visualizan fácilmente.
Las autoridades que acaban de cerrar su ciclo gubernamental dejaron un campo minado. El personal de primera línea de la pandemia pide que se le otorgue nombramiento en sus puestos y los sectores políticos están incomodos por la integración del Gabinete de Gobierno.
Sectores representativos de médicos, enfermeras y enfermeros, microbiólogos, odontólogos y profesionales de otras áreas sanitarias han ido en escalada en sus medidas de presión dirigidas a obtener un nombramiento que, en su opinión, es legítimo después de haber permanecido más de dos años al frente de la batalla contra la pandemia.
El ministro José Manuel Matheu ha iniciado sus acercamientos con algunos gremios demandantes, pero no son muchos los resultados arrojados por esos esfuerzos.
Los quejosos han seguido en sus puestos de lucha y aseguran que no van a transigir hasta que no tengan en sus manos las actas de nombramiento en propiedad.
El titular de la cartera ministerial de Salud ha confiado que solicitó la intervención del Consejo Nacional Anticorrupción, a efecto de revisar las acciones autorizadas por las autoridades anteriores para establecer si son legales. Una vez determinado ese extremo, se procedería a integrar a los profesionales demandantes en reconocimiento a su legítimo derecho.
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Ya están avisados los funcionarios que acaban de tomar la dirección de la Secretaría de Salud. El personal de primera línea no quiere aceptar que se les dé un contrato de tres meses mientas se dirime su caso.
Eso no es todo. El doctor Matheu enfrenta las embestidas de grupos de choque político. De un lado, dirigentes del Partido Salvador Honduras han cuestionado la designación del diputado y médico de profesión, pues estiman que no tiene los suficientes méritos ganados en campaña ni la militancia política requerida.
Y un grupo de dirigentes de Libre han intensificado sus movilizaciones en rechazo a la llegada de Matheu a la Secretaría de Salud, porque alegan que esos puestos deben ser para miembros de Libertad y Refundación y no para integrantes de otras instituciones partidarias.
Los analistas concluyen que los conflictos gremiales deben ser resueltos cuando antes y las presiones puramente políticas tienen que ser canalizadas con toda oportunidad.
Si no ocurre así, los problemas sanitarios de fondo que se han visto agravados por la pandemia de covid, no van a ser manejados como deben. Y las prioridades de construir un sistema asistencial digno y de honrar el derecho a la salud de una población hondureña mayoritariamente enferma, terminarán por quedar soterradas.
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