Los diputados guatemaltecos designaron a los nuevos 13 magistrados titulares del Supremo, una semana después de que la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, les ordenara seleccionar a las autoridades para finalizar el periodo 2020-2024.
El Congreso eligió a las nuevas autoridades de una lista de 26 candidatos que fueron enviados desde 2020 por una comisión de postulación, que fue acusada por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de amañar el proceso.
Algunos congresistas de oposición denunciaron, durante la sesión plenaria de este miércoles, que la elección no era adecuada por las anomalías que existieron en las fases de selección previa.
"Estamos en desacuerdo con esta elección y la rechazamos porque los electos no reúnen el perfil para ocupar un cargo de administración de justicia. Es preocupante porque su postulación viene de un proceso oscuro", denunció la diputada opositora Vicenta Jeronimo.
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Antes de la elección, otro diputado de oposición, Orlando Blanco, había denunciado que el bloque oficialista del Congreso había confabulado para la elección de los magistrados previo a realizar la votación públicamente en la sesión parlamentaria.
Los magistrados electos son José Samayoa, Ronald Colindres, Benicia Contreras, Manuel Duarte, Evert Barrientos, Gustavo Morales, René Girón, Elvira Velasquez, Carlos Rivera, Jorge Tucux, Claudia Paredes, Oscar Cruz y Hector Echeverría.
Las autoridades actuales de la Corte Suprema de Justicia se mantuvieron en su cargo forma irregular durante 4 años extras a su periodo, debido al estancamiento de la elección de sus sucesores.
Entre los magistrados electos, destaca la presencia de Manuel Duarte, quien en 2020 fue acusado de participar en el amaño de la elección de las cortes guatemaltecas y se encuentra sancionado en la Lista Engel de actores antidemocráticos de los Estados Unidos.
El cambio de mando en el Supremo se da en medio de un controvertido proceso de transición de poder, marcado por la judicialización e intentos del Ministerio Público (Fiscalía) por revertir la victoria del presidente electo Bernardo Arévalo de León
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