El Congreso Nacional ha dicho "no" a la práctica de veedurías, un ejercicio que está encaminado a la rendición de cuentas y a la promoción de la transparencia, denunció el Consejo Nacional Anticorrupción.
La directora ejecutiva de dicho organismo, Gabriela Castellanos, sostuvo que el Congreso Nacional ha sido el "epicentro" de la "triangulación" de la impunidad en Honduras.
A renglón seguido, ha condenado que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se convirtieron en un "triángulo de corrupción y de impunidad" en la última década.
¿Están los diputados y los representantes de los otros Poderes del Estado esquivando la demanda ciudadana de vigilar las acciones de quienes están en cargos de elección popular y conocer de esta manera cómo son administrados los recursos y los bienes públicos?
La posición del Consejo Nacional Anticorrupción es que en Honduras existe una consigna para colocar todos los cerrojos posibles y evitar que la población conozca la gestión pública.
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Los corruptos se han repartido cantidades exageradas de dinero y han dejado al país sin recursos para los renglones sustanciales de la educación, la salud y la seguridad.
Un informe del Consejo Nacional Anticorrupción, enfatiza que desde 2014 ha sido identificada una cantidad superior a los 9,000 millones de lempiras en perjuicios desprendidos de acciones ilegales e ilegítimas de los deshonestos.
En ese tiempo, el CNA ha presentado 138 casos, de los cuales 22 están judicializados y 116 están pendientes de ser investigados, mientras sus actores implicados permanecen en la impunidad.
"En Honduras los operadores de justicia se amparan en los brazos de la impunidad", concluyen los organismos de la sociedad civil y analistas que han llamado la atención sobre el pobre desempeño de las instituciones en la lucha por la depuración de la administración de la cosa pública.
Los sectores que tienen mayor influencia en la opinión pública están a la espera que el Gobierno cumpla con la promesa de facilitar la instalación de la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción en Honduras (CICIH), y que la misma esté provista de las herramientas necesarias para acompañar la persecución y enjuiciamiento de aquellos personajes culpables del latrocinio de los recursos del Estado.
