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Lo que ha ocurrido en el Congreso Nacional, en oportunidad de la integración de la Junta Directiva de ese Poder del Estado, lleva un mensaje nefasto y va en desmedro del pueblo hondureño que depositó su voto con la confianza de que se produjera un giro hacia el progreso integral del país.



Han sido instaladas Juntas Directivas paralelas: una conducida por el diputado Luis Redondo, y la otra por el legislador Jorge Cálix. Al calor de las pugnas generadas entre ambos bandos, se han desatado acusaciones sobre la supuesta venta de voluntades y arreglos entre una facción de Libre, los nacionalistas y los liberales.



Unos, demandan que se honren los acuerdos a que arribaron Libertad y Refundación y Salvador Honduras, en nombre de los cuales fue propuesto el diputado Redondo a la Presidencia de ese Poder del Estado; otro sector -que lleva a la cabeza al legislador Cálix- arguye que la titularidad del Congreso Nacional corresponde a Libre, en razón de ser la entidad partidaria que obtuvo la mayoría de votos en las justas de noviembre de 2021.



Las negociaciones han sido puestas por encima de la madurez en el arte de ejercer el poder y del compromiso ante el pueblo. ¿Cómo se explican los intereses desmedidos por llegar al Congreso Nacional?



Tal parece que lo que se ha gestado en el seno de la Cámara Legislativa son redes mafiosas encargadas de darle vida a los acuerdos millonarios, deshonestos y voraces que destruyen la seguridad jurídica, invalidan la competencia leal y carcomen el Estado de Derecho.



Las ambiciones, los egoísmos y los apetitos personales se han impuesto siempre y, con ello, se han abierto más las grietas entre las fuerzas políticas y profundizado la división entre la familia hondureña.



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¿No ha entendido la clase política el anhelo de la población hondureña de que sea depurada la acción de gobernar, con el objetivo de conducir al país hacia la reconciliación, la integración y el desarrollo?



Las discrepancias políticas que han emanado de la integración del Congreso Nacional ponen en precario la gobernabilidad, el afianzamiento del Estado de Derecho y, por añadidura, nos coloca en peligro de una crisis institucional innecesariamente.



Más allá de la demostración circense que nos han dado grupos enfrentados en el Poder Legislativo, lo que recriminamos enérgicamente es que se esté desviando la atención sobre la agenda que los políticos se comprometieron a abordar.



Los hondureños nos hicimos presentes en las urnas para rechazar el absolutismo, condenar la corrupción, demandar ejecutorias firmes contra la impunidad y pedir la independencia de los Poderes del Estado, en aras de una democracia participativa.



La minuta legislativa tiene que ir, pues, alineada con el mandato del pueblo, en quien está afincado el poder y al que se deben los ciudadanos que resultaron favorecidos con el sufragio depositado el 28 de noviembre de 2021.



Quedamos en espera de que, independientemente de cuál sea la Junta Directiva que sea reconocida como legítima, se concreten las promesas de derogar las ZEDE, invalidar la Ley de Secretos, revisar el Código de la Impunidad y de emprender acciones contra la corrupción y el crimen organizado.



La crisis política ahonda los problemas económicos y sociales. Quienes están comenzado a asumir el poder de Honduras, deben enviar un mensaje de que son capaces de entrar en aproximaciones para enmendar los errores que han mantenido secuestrada la democracia de este país y que han diseminado la podredumbre. 



Lo capital es reconstruir la democracia, respetar la independencia de los Poderes del Estado y adecentar las actuaciones de la clase política. Si no es así, nuestros líderes y dirigentes tienen que saber que el voto de castigo en las urnas es inexpugnable.