Mike Vigil, exagente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), ha lanzado a través de HRN una advertencia contundente sobre las posibles repercusiones de la decisión del Gobierno de Honduras de dejar sin efecto las extradiciones.
Según Vigil, las consecuencias de esta medida serán "enormes y graves", y podrían tener un impacto devastador en la seguridad y estabilidad del país.
Además, advirtió que esta decisión podría tener implicaciones significativas para las relaciones entre Estados Unidos y Honduras.
"Seguramente quedarán en suspenso muchos programas de ayuda de Estados Unidos", afirmó Vigil, subrayando que la medida podría llevar a un enfriamiento de las relaciones bilaterales.
En ese contexto, explicó que la eliminación de esta herramienta clave podría permitir que el crimen organizado opere con mayor impunidad, lo que, según él, "se traducirá en más violencia y más corrupción" en el país.
"Hasta ahora, los criminales en Honduras han temido ser extraditados a Estados Unidos, lo que ha actuado como un disuasivo para el crimen transnacional", dijo el exagente de la DEA.
Vigil también sugirió que el Gobierno de Honduras podría estar considerando denunciar el tratado de extradición como una forma de proteger a ciertos miembros de su administración que podrían estar en la mira de la justicia estadounidense.
Esta posibilidad añade una capa de preocupación sobre la integridad y transparencia del Gobierno hondureño en su lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
La decisión del Gobierno de Castro, según Vigil, no solo afectará la seguridad interna de Honduras, sino que también podría aislar al país en el ámbito internacional, especialmente en su relación con Estados Unidos, un socio clave en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional en la región.
Honduras en una nueva crisis tras denunciar tratado de extradición con Estados Unidos
El 28 de agosto de 2024, la presidenta Xiomara Castro ordenó la denuncia del tratado de extradición con Estados Unidos.
Esta decisión se produjo como respuesta a lo que Castro calificó como una "injerencia intolerable" de Estados Unidos en la política interna de Honduras, tras comentarios de la embajadora estadounidense Laura Dogu sobre las relaciones del Gobierno hondureño con el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, quien está sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU.
La notificación oficial fue enviada por el canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, a la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, formalizando así la decisión de "dar por terminado" el tratado que ha permitido la extradición de numerosos hondureños, principalmente por delitos relacionados con el narcotráfico, durante la última década.
