El Ministerio Público tiene abiertas 16 líneas de investigación. Y es que la corrupción ha florecido en la presente pandemia que ha sido un caldo de cultivo para los deshonestos, siempre hambrientos de dinero mal habido.

La última intervención se lleva a cabo a propósito de los dos centenares de miles de pruebas PCR de diagnóstico de covid que se dañaron y en cuya compra realizada por Inversiones Estratégicas se gastaron 46 millones de lempiras.

Antes, un nido de podredumbre fue hallado en la adquisición de siete hospitales móviles a un costo de 1,200 millones de lempiras. Dos de esas estructuras están en el país a punto de comenzar a operar y los otros cinco se supone que llegarían al país a finales de septiembre. En esas clínicas temporales hubo una sobrevaloración de 350 millones.

Otras acciones de la Fiscalía están dirigidas a escudriñar en las denuncias sobre las compras realizadas por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), durante la pandemia.

Como se recuerda el entonces comisionado, Gabriel Rubí, anunció en marzo la contratación de un hospital móvil, más de cien respiradores y dos centenares de termómetros láser que serían entregados a la red hospitalaria.

En la cartera ministerial de Salud es revisado todo un portafolio de irregularidades en la compra de material especial, insumos y equipo de bioseguridad.

Por otra parte, son examinadas las pruebas recopiladas en relación con la compra, instalación y abandono de un hospital móvil en Villanueva, Cortés.

Existen más líneas de investigación sobre corrupción anidada al calor de la emergencia. Una de ellas está inscrita en el manejo del programa Honduras Solidaria en El Progreso, Yoro.

Otra más conduce a las maniobras de los funcionarios de Invest, liderados por Bográn, para hacer negocio con la compra y distribución de pruebas rápidas de detección de covid en la zona norte.

En La Ceiba, Atlántida, la institución que ejerce la acción penal pública ha trazado una línea de acciones para deducir responsabilidades por el desvío de la donación de un lote de ventiladores procedentes de Corea del Sur y que fueron entregados al hospital departamental.

Hace un mes, la Fiscalía se movía tras 11 líneas de intervención que, en cuatro semanas se han expandido a 16 intervenciones. Lo esencial es que el castigo sea efectivo en hechos y no se quede en palabras.

El combate a la corrupción en puros expedientes no sirve porque alientan la impunidad y no la impartición ejemplar de la justicia contra los deshonestos que ya sustrajeron los fondos públicos con creces, aún en tiempos de desgracia.