De acuerdo con lo que se informó a través de los medios de prensa, el funcionario, contra quien se ha dictado prisión preventiva, fue capturado en posesión de 445,000 mil lempiras que se supone iban dirigidos a miembros de la pandilla Barrio 18.
El hacinamiento, la mora judicial, la colusión entre funcionarios y privados de libertad son algunos de los males que han convertido las cárceles en “catedrales del crimen”.
Los estudiosos de dicha temática han manifestado hasta la saciedad que es necesario que el sistema carcelario hondureño sea reformado. Esto pasa por la realización de un nuevo diagnóstico y por la formulación de un plan de acción para recuperar el control de aparato carcelario.
Una de las propuestas que más han dado lugar a controversia es el endurecimiento de penas, ya que la mayoría de los sectores piensan que esta alternativa no incide en nada en la disuasión del delito.
Y en lo que se refiere a la administración de los sistemas carcelarios, uno de los errores que se han cometido en Honduras es el nombramiento de militares en mandos superiores del sistema penitenciario, a juicio de críticos nacionales.
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Débil e ineficiente ha sido la estructura carcelaria. Se ha dejado en el olvido la reinserción o rehabilitación de los privados de libertad. Cabe anotar, asimismo, que la sobrepoblación es un problema endémico de las cárceles de todos los países de América Latina.
En El Salvador, se pusieron en ejecución políticas destinadas a mantener aislados a los reos, con el fin de evitar que desde las cárceles se planifiquen más crímenes. El Gobierno del presidente Nayib Bukele, también ha bloqueado la señal de celulares y limitado el ingreso de visitas para los privados de libertad.
"Cero Ocio" es un programa puesto en ejecución que obliga a los internos a realizar trabajos en beneficio de la comunidad. El propósito central es cerrar el círculo dentro del cual los delincuentes dictaban órdenes para coordinar crímenes desde las cárceles.
Alrededor de 83,000 presos tiene el sistema carcelario de El Salvador, considerado como el país con la mayor población en las penitenciarías. Se estima que el dos por ciento de la población adulta está presa; esto es, 1,300 privados por cada cien mil habitantes.
En Colombia, el aumento de las penas es una de las propuestas analizadas que causan mayor controversia en aquel país, donde igualmente se ha puesto sobre la mesa el asunto de la infraestructura carcelaria que ya es vieja.
Hay que hacer más esfuerzos para invertir más fondos en la modernización del sistema penitenciario. Asimismo, las alcaldías y las gobernaciones tendrían que intervenir más directamente en los proyectos de construcción de cárceles.
Si los gobiernos no hacen la inversión necesaria, seguirán dando tumbos en la administración de los sistemas penitenciarios que urgen de un plan de manejo de crisis, dentro de una política criminal seria, más allá de la construcción de grandes cárceles para “almacenar” criminales.
El Estado está obligado a tomar y mantener el control de las cárceles. La disciplina, la reinserción y el respeto a los derechos humanos son clave, pero es un imperativo que exista voluntad política de los gobiernos para impedir que estos centros sigan siendo “escuelas del crimen”.
Es una prioridad la adopción de políticas integrales, a efecto de rescatar la gobernabilidad del sistema de privación de libertad, porque la corrupción y la impunidad sustituyen la aplicación de las leyes y la impartición de justicia en las cárceles.
