Crimen de cuatro jóvenes —dos técnicos de una empresa de cable y dos alumnos del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (INTAE)— fueron ejecutados por estructuras criminales bajo una misma sospecha: colaborar con pandillas rivales, según información de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
HRN consultó al ente de investigación de los cuatro jóvenes: ¿Fueron víctimas de una confusión o están siendo vigilados los jóvenes que transitan “fronteras invisibles”?
Crimen de alumnos del Intae y técnicos
El 11 de julio, el país conoció el hallazgo de los cuerpos sin vida de Mario Enrique Medina Vásquez, de 28 años y Cristopher Enmanuel Vallejo Centeno, de 22 años, técnicos de una empresa de cable desaparecidos diez días antes, tras ser privados de libertad en la colonia El Pedregal, en el Distrito Central. Ambos cumplían con su jornada laboral cuando fueron interceptados y llevados por la fuerza. Días después, sus cadáveres aparecieron en Yaguacire, Francisco Morazán.
Las autoridades señalaron que miembros de la Pandilla Barrio 18 estarían detrás del crimen. La investigación dio a conocer que los técnicos fueron ejecutados al ser erróneamente asociados con la Mara Salvatrucha (MS-13), un error fatal derivado del simple hecho de trabajar en zonas controladas por grupos rivales.
Apenas dos semanas después, el 25 de julio, Brayan Josué Núñez Pineda y Luis Eduardo Cardona Miranda, ambos de 17 años y estudiantes del Intae en San Pedro Sula, corrieron la misma suerte.
Según la Policía Nacional, los adolescentes fueron interceptados por supuestos pandilleros en la colonia La Pradera, cuando se dirigían a hacer tareas escolares en la casa de un compañero. Cruzaron, sin saberlo, una de las tantas fronteras no oficiales que dividen territorios controlados por maras.
Fueron llevados a un basurero, donde los asesinaron a balazos. Un tercer estudiante, Adonys Mejía, sobrevivió con heridas graves. Las autoridades del INTAE confirmaron que los jóvenes eran alumnos activos y negaron que tuvieran asignaciones escolares para hacer en grupo esa noche.
¿Una nueva forma de perfilamiento?
Los dos casos —uno en Tegucigalpa, otro en San Pedro Sula— reflejan un patrón que alarma: jóvenes que cruzan límites invisibles, señalados de colaborar con pandillas, desaparecen o son ejecutados sin verificación alguna. La naturaleza de sus actividades —instalaciones técnicas o tareas escolares— no les salvó del perfilamiento fatal.
Ante estos casos, la DPI informó que muchos jóvenes en Honduras, especialmente estudiantes y trabajadores técnicos, transitan a diario entre colonias y barrios sin tener pleno conocimiento de las llamadas “fronteras invisibles” impuestas por pandillas.
Estas divisiones no están marcadas en ningún mapa, pero son estrictamente vigiladas por mareros que identifican su territorio con símbolos, colores o gestos, conocidos como “banderas”.
"Entrar a una zona controlada por una estructura criminal rival puede ser interpretado como un acto de provocación o colaboración, aunque la persona lo haga por razones inocentes como estudiar, trabajar o visitar a un amigo", dijo la DPI.
Organismos como el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh) han alzado la voz, exigiendo justicia y protección efectiva. En lo que va del año, Honduras suma 1,330 homicidios, con 190 ocurridos en Cortés, la mayoría de víctimas, hombres jóvenes.
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