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La
violencia criminal se ha ido de control este año.



A
la luz de los datos estadísticos proporcionados por los mismos entes de
seguridad y de investigación, la comisión de homicidios se ha incrementado en
más de seis por ciento este año, respecto al anterior.



Hasta
la primera semana de diciembre, se contabilizan 3,655 crímenes, frente a 3,437
eventos sangrientos reportados en el mismo intervalo de 2018.



El
promedio diario ha tenido una variación entre nueve y 12 sucesos, en contraste
con los ocho o 10 hechos que fueron consumados el año pasado cada 24 horas.



El
asesinato de empresarios y operadores de transporte, los crímenes contra las
mujeres, las escenas en las que pierden la vida los jóvenes, las masacres y los
eventos descarnados en las cárceles y en los centros para menores infractores,
sellan el recrudecimiento de la criminalidad en nuestro país.



La
sangre se derrama a raudales en el país, lo que denota que las acciones
tendientes a perseguir y desbaratar las redes delictivas no han sido efectivas
o lo suficientemente enérgicas.



Algo
está fallando en la lucha contra la violencia. Las estrategias de los cuerpos
élites no son acertadas o, al menos, requieren ser revisadas para que no sean
ejecutadas de manera aislada.



El
punto de mayor debilidad sigue siendo el funcionamiento del aparato investigativo.
Su ineficacia es de tal magnitud que la impunidad se estima en no menos de 96
por ciento; esto es, sólo cuatro de cien crímenes son resueltos.



Los
funcionarios que están al frente de las tareas de seguridad, investigación e
inteligencia redundan en sus explicaciones, casi siempre insípidas acerca de la
violencia criminal.



Con
frecuencia escuchamos a estos burócratas de alto rango. Nunca suelen ofrecer
respuestas contundentes ante el incremento desordenado de los homicidios, ya
sean éstos simples o múltiples.



Con
asombrosa ligereza, los titulares de las dependencias estatales encargadas de garantizar
seguridad, perseguir el delito, ejercer la acción penal o impartir justicia, se
abandonan en respuestas insulsas o se escudan en estadísticas de fachada.



Se
limitan a responder: "Los casos se están investigando y resolviendo",
en una manifestación de incapacidad ante el desafío de la inseguridad y en una
demostración de su estado de letargo y torpeza frente al acoso de los grupos delictivos.



Dado
el rápido avance y expansión de la criminalidad, lo que urge es el
replanteamiento de las políticas que incluya una estrategia diversificada y focalizada,
porque los malhechores organizados están al acecho siempre.

Criminalidad desbordada, discursos  paliativos y cifras superpuestas