Las autoridades de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) aseguraron que la reciente declaratoria como asociaciones terroristas a algunos grupos criminales, también va a permitir perseguir a los extorsionadores y sus colaboradores.
El director de esta dependencia de la Policía Nacional, el comisionado, Daniel Molina, indicó que esta declaratoria de parte del Gobierno de Honduras da un giro a la estrategia de seguridad del Estado, para así combatir a los criminales y los delitos conexos en el país.
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Lucha contra la extorsión y delitos conexos
Asimismo, Molina explicó que la determinación estatal permitirá ampliar las acciones en contra de aquellos que integran, colaboran o mantienen vínculos con las organizaciones terroristas que operan en Honduras.
A su criterio, esta figura va a permitir perseguir penalmente a los integrantes de estos grupos criminales. Asimismo, se les aplicarán las disposiciones contempladas en la ley para hacerle frente a este tipo de ilícitos.
Efectos procesales y en la prisión
También, el oficial remarcó que la acción tendrá efectos en materia procesal y penitenciaria; entre ellas:
- Restricciones a determinados beneficios procesales.
- La aplicación de un régimen especial dentro de los centros penitenciarios, particularmente en materia de comunicaciones y visitas.
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Esto, con el propósito de impedir que las estructuras criminales continúen operando desde las cárceles y generen zozobra entre la sociedad.
No solo se centra en las pandillas y protección a las víctimas
Por otro lado, Molina explicó que la persecución no se limitará a los integrantes de las pandillas, sino que también alcanzará a quienes colaboren con estas estructuras, como personas que faciliten el cobro de extorsiones o reciban dinero producto de estas actividades.
Sobre las denuncias, el director de la DAET aseguró que existen protocolos para proteger a víctimas y testigos. Al denunciar, las personas reciben un código para resguardar su identidad durante la investigación.
Importancia de la denuncia
También destacó el uso de la figura del testigo protegido y de mecanismos de prueba anticipada, siempre dentro del debido proceso. Molina Gálvez señaló que estos recursos buscan fortalecer las investigaciones y proteger a quienes aportan información.
El comisionado también pidió a las víctimas denunciar por los canales establecidos, sin exponerse nuevamente ante las estructuras criminales. Aseguró que los equipos de inteligencia e investigación cuentan con capacidades para identificar y capturar a los responsables.
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Entre los retos pendientes, mencionó el bloqueo de comunicaciones desde las cárceles, especialmente mediante plataformas digitales. Ante ello, las autoridades analizan nuevos lineamientos y una posible reforma a la Ley de Telecomunicaciones.
