La División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) retiró este jueves varias cámaras de vigilancia instaladas en postes del tendido eléctrico en la colonia Armando Calidonio, ubicada entre Prados Universitarios y la aldea de Suyapa, en Tegucigalpa.
Cristian Nolasco, jefe de Operaciones de la DAET, explicó que agentes identificaron el sistema durante patrullajes realizados en la zona.
La institución investiga quién controla los dispositivos y si personas vinculadas con estructuras criminales tuvieron acceso a las imágenes.
¿Cómo funciona el sistema?
Nolasco indicó que las cámaras funcionan mediante grabadores digitales, internet y redes inalámbricas, por lo que terceros podrían ingresar al sistema sin autorización.
Según el oficial, esa posibilidad representa un riesgo cuando los equipos apuntan hacia calles, accesos y puntos utilizados por las autoridades.
“Ya este punto lo tenemos que está siendo vigilado por estructuras criminales”, afirmó Nolasco.
Sin embargo, aclaró que la Policía todavía debe determinar si los vecinos compartieron las grabaciones o si algún grupo logró infiltrarse en la red.
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Las cámaras no se pueden instalar en propiedad del Estado
El funcionario sostuvo que los ciudadanos pueden colocar cámaras en sus viviendas y negocios, pero no en postes propiedad de empresas estatales.
“No estamos en contra de que pongan cámaras. Lo que sí estamos en contra es que las instalen en propiedad del Estado”, manifestó.
Vecinos defienden sistema de videovigilancia comunitaria
Habitantes de la colonia aseguraron que instalaron los equipos para enfrentar robos frecuentes. Denunciaron hurtos de retrovisores e ingreso forzado a vehículos y viviendas, especialmente cuando los residentes salen a trabajar.
Una vecina explicó que la comunidad cuenta con un centro de monitoreo y activa alarmas cuando detecta personas sospechosas.
Para colocación de cámaras consultar al 911
Nolasco recomendó coordinar cualquier sistema colocado en espacios públicos con el Sistema Nacional de Emergencias 911.
La DAET continuará revisando los equipos, las conexiones y las direcciones IP para establecer quién administraba las grabaciones y si alguna estructura criminal accedió al circuito durante las próximas diligencias del caso en Tegucigalpa.
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