La Sala II del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, dictó ayer, martes, el fallo condenatorio en contra de las privadas de libertad encontradas culpables de la masacre acontecida en la Penitenciaría Femenina de Adaptación Social (PNFAS) el 20 de junio del 2023.
El hecho violento, catalogado como una de las peores tragedias carcelarias en Honduras, dejó como saldo 46 mujeres muertas. Las agresoras usaron armas, objetos punzantes y hasta fuego para perpetrar el ataque durante la mañana de ese día.
Las condenadas por este caso son:
El Poder Judicial informó que, tras la audiencia de individualización de la pena, a todas ellas se les condenó como coautoras de 46 delitos de asesinato en perjuicio del mismo número de mujeres privadas de libertad en PNFAS.
Es por ello que por cada delito se les impuso 20 años de cárcel, lo que suma un total de 920 años de prisión para cada una, en virtud de concurso real. Estas 15 mujeres son miembros de la estructura criminal, Pandilla 18.
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¿Por qué otros delitos se les condenó?
Del mismo modo, recibieron una condena como coautoras de cuatro delitos de asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada. Estos en perjuicio de cuatro víctimas, por lo que se les dictó 13 años con cuatro meses de prisión a cada una.
Sumado a ello, a las 15 privadas de libertad se les condenó por el delito de asociación para delinquir en perjuicio de los derechos fundamentales. Por este ilícito se les impuso 6 años de prisión.
También, por incendio cualificado en perjuicio de la seguridad pública, se le dictó a cada una una pena de 15 años de prisión. A su vez, por portación ilegal de armas de fuego de uso comercial, recibieron otro año en prisión.
A ello se le suma uno más por localización permanente como pena accesoria. Mientras tanto, por portación ilegal de armas de uso prohibido, se les dio otros 4 años.
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Su participación en el crimen
Las indagaciones de parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) establecen que los hechos se registraron a eso de las 7:45 de la mañana en la cárcel de mujeres en el valle de Támara, Francisco Morazán.
La acción ya había sido previamente planificada por un grupo de privadas de libertad. En un inicio, las condenadas sometieron a cuatro agentes penitenciarias mediante el uso de armas de fuego y objetos contundentes.
A las uniformadas las despojaron de las llaves y del control de los módulos, para luego encerrarlas y facilitar el acceso a otras áreas del recinto carcelario.
De manera simultánea, otro grupo de las acusadas ingresó a los módulos donde estaban privadas de su libertad reclusas de su grupo rival. Allí forzaron los accesos y deshabilitaron el sistema de videovigilancia.
De manera coordinada perpetraron ataques con armas de fuego y, en otros casos, provocaron el incendio rociando material inflamable en uno de los módulos donde las víctimas se querían resguardar.
En total fueron 46 las víctimas, y ellas perdieron la vida ya sea por heridas de arma de fuego, calcinación o asfixia por inhalación de humo.
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