Esto surge después de que Villanueva revelara en el programa Frente a Frente de Canal 5 que se utilizaron armas de fuego de la Policía para ejecutar al menos 46 mujeres durante un enfrentamiento entre dos bandas delictivas rivales.

En sus declaraciones, Villanueva sugirió que pudo haber una conspiración por parte de quienes custodiaban los recintos policiales en ese momento, ya que algunas reclusas recibieron armas y otras no.

"Ha de haber habido una confabulación con los que cuidaban en ese momento esos recintos policiales. A unas (privadas de libertad) les dieron armas y a otras no", acusó.

En este contexto, Orellana comentó en el "Diario Matutino" de HRN que la viceministra no está consciente de las reacciones que ha desencadenado a nivel nacional e internacional dicha acusación.

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"Está generando divisiones internas y conflictos que podrían resultar en una demanda internacional", señaló.

Además, Orellana advirtió sobre las posibles acciones legales de los familiares de las víctimas contra el Estado.

Hizo hincapié en la responsabilidad que tienen los altos funcionarios al expresarse públicamente, ya que la información que divulgan puede tener repercusiones significativas.

En cuanto a la cuestión de las armas utilizadas en la masacre, Orellana planteó la pregunta: "¿quién o quiénes las proporcionaron?". En ese sentido, subrayó la necesidad de investigar quiénes introdujeron las armas y cómo lo hicieron.

Villanueva debe ser llamada

En relación a este tema, también expresó su opinión Marlon Duarte, abogado penalista, quien catalogó como delicadas las declaraciones de Villanueva.

Duarte sostuvo que, en ese sentido, es imperativo convocar a Julissa Villanueva para que presente los medios de prueba relacionados con la masacre de mujeres privadas de libertad.



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