Al calor de las movilizaciones convocadas por la oposición política tras el fallo emitido por la justicia estadounidense contra Antonio Hernández, imputado por narcotráfico, la sombra del Golpe de Estado resurgió.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de Las Fuerzas Armadas, René Ponce Fonseca, ha confiado que un sector de políticos le propusieron dar un Golpe de Estado, un tema que se creía enterrado después de la crisis de 2009 que terminó con la deposición del entonces presidente, Manuel Zelaya Rosales.
¿Son "verdaderas intenciones torcidas" de sectores empecinados en crear desestabilización del país o "sombrerazos" para distraer la atención de la aguda crisis institucional que sufre Honduras?
Lo que es evidente es que la gobernabilidad está en riesgo, más aún después de que el proceso judicial ventilado contra el hermano del mandatario, Juan Orlando Hernández, ha dejado la amarga imagen de un país salpicado e infiltrado por el narcotráfico.
Honduras es retratado en el concierto de naciones como un país, donde se ha vuelto fácil el movimiento del crimen organizado y rápido el flujo de dinero proveniente de actividades ilícitas.
Sabemos que No es así. No hemos cedido nuestra soberanía al crimen transnacional. Se han endurecido las leyes contra estos grupos e intensificado la coordinación de acciones tendientes a neutralizar sus avances.
Pero también es cierto que existe una polarización de posturas de las fuerzas políticas que han impedido que madure el diálogo que nos conduzca a la construcción de un proyecto de nación y de una visión de país.
Para los sectores de la oposición, la única manera de restaurar las grietas institucionales que dejaron el golpe de 2009 y la reelección presidencial de 2017 es devolverle el poder al pueblo a través de una Asamblea Nacional Constituyente.
Y del lado del Gobierno, ha habido un contraataque basado en el discurso segmentado que pone el acento en las debilidades de los adversarios y en el contraste entre la Honduras del ayer y del hoy.
Los que administran el Estado de Honduras deben saben que existe inconformidad en un segmento representativo que rechaza la desigualdad social profundizada, la pobreza creciente y la postración en que ha caído la economía nacional.
Honduras está en zozobra, su tejido social y político se encuentra altamente sensible. Esto nos coloca en una situación muy expuesta a la conflagración si los políticos hondureños no se ponen de acuerdo y si no abandonan sus intereses egoístas.
Garantizar la paz, el respeto, y el Estado de Derecho, es un asunto que nos compete a todos aquellos que no estamos de acuerdo con hacer que Honduras arda; tampoco en caer en el estado anárquico en que se encuentran varios países del continente como Bolivia, Chile, Venezuela, Ecuador y Perú, entre otros.
¿Estamos preparados para enfrentar una ebullición que no discrimina entre la derecha y la izquierda, conservadores o progresistas? Es mejor que preservemos la Constitución y sus leyes como corresponde a un Estado de Derecho.
El único bloque legítimo que debemos conformar es aquel levantado para contrarrestar la corrupción, la pobreza y la violencia.
