El Ministerio Público (MP) informó en las últimas horas sobre la presentación del requerimiento fiscal y captura de una fiscal de la regional norte, a quien se le presume responsable del delito de concusión en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
La acción la promovió la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
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¿Qué hay detrás de esta detención?
Según el Ministerio Público, para formalizar la acusación se presentaron los elementos de convicción recabados en la investigación y que sustentan el respectivo requerimiento fiscal en contra de la fiscal, de la cual no se reveló su identidad.
Asimismo, el ente acusador del Estado indicó que en esta etapa del proceso le corresponde a la autoridad judicial valorar los elementos aportados y resolver conforme a derecho, es decir, aplicar las medidas en base a ley.
El MP resaltó que en todo momento a la imputada se le deberá garantizar el debido proceso y los derechos establecidos en ley.
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Lucha contra la corrupción
En el comunicado, el MP aseguró que actúa con firmeza ante cualquier acto de corrupción pública, incluyendo a los propios funcionarios de esta dependencia.
"La institución reafirma su compromiso con el pueblo hondureño de investigar y perseguir la corrupción de manera transparente y sin distinción de cargos", acotaron en el comunicado.
¿Cuál es la pena por concusión en Honduras?
El delito de concusión en Honduras ocurre cuando un funcionario o empleado público abusa de su cargo para exigir o presionar a una persona a entregar dinero u otro beneficio indebido, ya sea para sí mismo o para un tercero.
El Código Penal hondureño establece una pena de cinco a siete años de prisión para quienes cometan este delito. Esto, debido al abuso de autoridad y al aprovechamiento de las funciones públicas para obtener beneficios ilegales.
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Además de la pena de cárcel, la legislación contempla una multa de 100 a 400 días y la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena de prisión. Dicha situación impide al responsable ejercer funciones públicas durante el período establecido por la ley.
